La comunidad del edificio Escalinata interpuso el recurso contra la legalización del aparcamiento, al ser parte afectada en la causa al quedar el inmueble en ruina urbanística durante las obras de construcción del mismo. De igual forma, denunció la licencia de obras otorgada a Nautagest por Urbanismo, en 2005, que daba luz verde a la edificación de las oficinas. Los vecinos afectados consideran una "desvergüenza" el caso del aparcamiento Escalinata y se preguntan cuándo van a dimitir los responsables políticos.

"Es cierto que el proceso de adjudicación del parking a Nautagest fue responsabilidad del PA y el PP. Lo que no podemos olvidar los afectados del edificio Escalinata es que desde que tomaron posesión de sus cargos los dirigentes socialistas nos han hecho pasar un auténtico calvario. Desde el principio defendieron con todas sus armas y con mucho dinero del erario público a la empresa concesionaria. Precisamente por ello, los responsables directos están imputados en una querella por prevaricación continuada que actualmente está en la Fiscalía. Hasta ahora, el Consistorio ha cubierto todos los gastos que correspondían pagar a la empresa y que ya superan los 200.000 euros. La Justicia investigará este comportamiento por si pudiera existir malversación de fondos públicos y cohecho", manifestó el presidente de la comunidad, Emilio García Romero. En opinión de los afectados, el Consistorio no tiene intención de resolver la concesión del aparcamiento por el incumplimiento del pliego de condiciones y así evitar el pago del lucro cesante por los 44 años que restan de actividad. "Lo hemos denunciando en varias ocasiones y hemos exigido el rescate de la concesión, pero por soberbia o por querer proteger a la concesionaria han dado siempre la callada por respuesta", señaló el presidente vecinal, que recordó los incumplimientos cometidos por Nautagest. Así, indicó, la empresa no entregó toda la documentación exigida en el pliego, no presentó el aval suficiente, no contrató el seguro de responsabilidad civil ilimitado, y se negó al pago de los realojos a los perjudicados.

El trato municipal dado a Nautagest contrasta con el recibido por los vecinos. "Han tomado represalias contra nosotros, nos han expulsado del Ayuntamiento, negado documentación y exigido por decreto que reparásemos el daño que ellos causaron a nuestro edificio". Un perjuicio que, según la comunidad, sigue padeciendo en la actualidad: "Han tardado casi ocho meses en darnos la licencia para demoler el edificio que ellos mismos declararon en ruina, mientras que la licencia solicitada por Nautagest para construir las oficinas en el parking, sobre el que existía ya una sentencia que lo declaraba ilegal, se concedió en un tiempo récord de 21 días. Esto no lo hizo el PA o el PP, sino el PSOE estando en la Alcaldía. Algeciras debe saber que la demolición del parking, o dejarlo fuera de uso, supondrá que el Ayuntamiento tendrá que abonar a Nautagest lo que costó construir las oficinas. ¿Quién va dimitir por esta barbaridad? ¿Quién va a devolver ese dinero? ¿Por qué suben el IBI si luego malgastan de esta forma el dinero público?", se preguntó la comunidad del Escalinata.

Los afectados calculan que la sentencia obligará a los algecireños a pagar a Nautagest 24 millones de euros. "El Ayuntamiento parece no tener interés en saber quién está detrás de esta empresa. ¿Dónde está el PP e IU que no exigen una investigación inmediata?", señalaron.

Además, indicaron que el Consistorio no quiere que el edificio Escalinata se derribe. "Como no nos doblegamos a sus intereses ocultos vuelven a agredirnos. Ahora nos exigen un proyecto para construir un nuevo edificio porque la ley lo requiere así. Es la primera vez, desde que existen archivos de este Ayuntamiento, que se exige esta condición para demoler un inmueble. Lo peor es que esta conducta vengativa sólo va a conseguir que los ciudadanos paguen también los 42.000 euros que cuesta el proyecto. ¿Dimitirá el responsable de esta arbitrariedad? ¿Es justa una administración que funciona con agravios comparativos de esta índole? Por si fuera poco también nos exigen un depósito de 30.000 euros y el pago de unas tasas que nos habían dicho que no se aplicaban a este tipo de demoliciones. Ellos saben que la Justicia obligará a que los responsables devuelvan todos estos gastos, pero no les importa porque el dinero saldrá del erario público y no de sus bolsillos", concluyeron.