La compañía CTM-Grupo Ruiz, concesionaria del transporte urbano en Algeciras, comunicó ayer que ha solicitado entrar en concurso voluntario de acreedores. El gobierno municipal, ante esta situación, indicó que, si este procedimiento se confirma y deriva en un proceso de liquidación de la empresa, rescatará el servicio.

CTM-Grupo Ruiz presentó el concurso voluntario de acreedores el pasado miércoles en el Juzgado de lo Mercantil, que es único y tiene su sede en Cádiz. Las empresas acuden a un procedimiento judicial de esta clase cuando se hallan en situación de insolvencia y no pueden hacer frente a sus deudas. El juez ha de dictar auto declarando el concurso cuando se corrobora acreditada la insolvencia del deudor.

La propia compañía confirmó la solicitud ayer en un breve comunicado en el que responsabilizó al Ayuntamiento de haberle empujado al concurso por no pagar sus subvenciones.

"Ante reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Algeciras en su acuerdo de pleno de fecha 18 de mayo de 2009 (cuando se aprobó el convenio vigente) y la insostenible situación económica a la que se ha visto abocada Compañía de Vehículos CTM SL, operadora del servicio de transporte urbano, con fecha 2 de diciembre CTM se ha visto obligada a presentar concurso voluntario de acreedores, lo cual se ha llevado ante el Juzgado Mercantil de la provincia de Cádiz", expresó la empresa.

El gobierno municipal reaccionó a través de una nota y ejerciendo de portavoz el concejal de Movilidad Urbana, Jacinto Muñoz. "El Ayuntamiento estudiará las medidas jurídicas procedentes para rescatar el servicio público de transporte urbano, si la situación concursal de CTM pudiese dar lugar a la liquidación de la empresa. De hecho, se incoará el oportuno expediente administrativo para conocer la realidad económica de la empresa, ya que el Ayuntamiento carece de los datos necesarios para evaluar el impacto de las medidas adoptadas por CTM sobre sus obligaciones contractuales y los posibles proveedores que puedan verse afectados", manifestó el edil.

"El Ayuntamiento como titular de este servicio público velará en todo momento por el mantenimiento de las líneas existentes, garantizando la sostenibilidad del servicio y los puestos de trabajo actuales. Por lo tanto, la nueva situación jurídica de la empresa no debe causar ningún temor ni a los usuarios ni a los trabajadores del servicio", tranquilizó.

Y Muñoz lamentó: "No es de recibo que una vez más CTM responsabilice de su situación al Ayuntamiento cuando es su gestión la que está provocando una continua disminución del número de usuarios, actuando con falta de transparencia en la realización de un servicio público del que es concesionaria en nombre del Ayuntamiento, quedando patente una vez más su deslealtad al haber comunicado al Ayuntamiento su decisión de presentar el concurso de acreedores con posterioridad a ya haberlo hecho en el Juzgado de lo Mercantil".

La plantilla conoció el paso dado por la empresa el miércoles mediante una circular firmada por Luis Alberto Ejido, director general de CTM-Grupo Ruiz. Anoche los representantes de los trabajadores informaron a todos los empleados en asamblea de la nueva situación.

Ángel Santiago, presidente del comité de empresa, señaló que han pedido una reunión urgente con el concejal de Movilidad Urbana y autorización para realizar movilizaciones. Concretó que los trabajadores tienen intención de concentrarse a las puertas del Ayuntamiento las 24 horas del día en cuanto sea permitido, en principio a partir del 14. La plantilla demanda al Consistorio una solución para el transporte urbano. Santiago censuró el hecho de que hayan pedido ya cuatro reuniones con Jacinto Muñoz (que se ha hecho cargo de la delegación este mandato) y que no les haya contestado.

Izquierda Unida reclamó ayer una convocatoria urgente de la junta de portavoces para abordar esta crisis. Su edil José Luis Alcántara destacó que la formación venía avisando ya desde hace tiempo de la mala situación en la que se encontraba el transporte urbano.

Un concurso de acreedores no tiene por qué interrumpir la actividad de una empresa. De hecho es un procedimiento regulado para lo contrario, para enfrentar lo que pueda obstaculizar salir de la insolvencia. Eso sí, bien puede acabar con un convenio accesible de pagos con los acreedores (suele haber quitas), pero también derivar en una liquidación, la venta de los activos de la compañía para saldar débitos.