Cinco funcionarios de la cárcel de Botafuegos comparecen como investigados por una presunta paliza a un interno

Cinco funcionarios del Centro Penitenciario de Botafuegos han declarado este miércoles como investigados ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras por su presunta implicación en la agresión a un interno ocurrida el pasado 14 de febrero en el módulo 15 de la prisión algecireña.

El juzgado ha abierto diligencias previas para investigar estos hechos, denunciados por la madre del recluso, que aseguró que su hijo había sido víctima de una paliza a manos de varios funcionarios tras negarse a reconocer una acusación que él calificó de falsa: haber facilitado algún objeto o sustancia a otro interno. "El centro penitenciario pone a mi hijo en una posición de especial vulnerabilidad, toda vez que lejos de recibir protección ha sido progresivamente objeto de hostigamiento sufriendo trato degradante y medidas desproporcionadas que comprometen su integridad física y psicológica", lamenta la madre del afectado.

Tras la comparecencia de los funcionarios, el juez llamará ahora a declarar a la persona que ejercía como jefe de servicio en el momento en el que se produjeron los hechos denunciados y al agredido a petición de la defensa del recluso, ejercida por el despacho Vox Legis, liderado por el abogado Francisco Miranda Velasco.

En su escrito, la denunciante relató que, tras su llamada diaria, la funcionaria que se encontraba en lugar acusó al recluso de haber facilitado algún objeto o sustancia –sin especificar– a otro interno, hechos que no reconoció. Entonces esta -según el relato de la denunciante- le amenazó verbalmente con la frase: “Quédate con mi cara que no vas a poder olvidar en un montón de años”. Minutos después, según recoge el relato, se activó un “código 2”, protocolo de intervención en incidentes graves, y varios funcionarios accedieron a su celda con material antidisturbios.

El interno asegura que, pese a tumbarse en el suelo y no oponer resistencia, fue reducido, trasladado por distintas galerías y conducido a otra sala, donde —siempre según su versión— fue atado de pies y manos y golpeado hasta perder el conocimiento. Al reincorporarse, presentaba hematomas en la mayor parte del cuerpo, dolor en el hombro y el oído, además de sangre en la orina.

La familia denuncia que el recluso no fue sometido a una exploración médica inmediata. De hecho, el propio escrito presentado en el juzgado subraya que no fue hasta el 27 de febrero, 13 días después de la supuesta agresión, cuando recibió atención facultativa. En la primera comunicación con su madre, el 16 de febrero, esta pudo comprobar las dificultades de su hijo para caminar y hablar con normalidad, además del miedo a relatar lo sucedido por temor a represalias.

La defensa del denunciante sostiene que se produjo una vulneración de derechos fundamentales y reclama que se conserven y examinen las grabaciones de las cámaras de seguridad, "tal como establece la Instrucción 4/2022 de Instituciones Penitenciarias", ya que las grabaciones a las que ha tenido acceso la defensa no se puede ver toda la secuencia de los hechos denunciados. Además, ha solicitado la identificación de todos los funcionarios que estaban de servicio aquel día, así como del personal médico que pudo intervenir tras los hechos.

La denuncia inicial fue presentada el 17 de febrero ante el juzgado de guardia, un día después de que la madre del interno tuviera conocimiento de la situación. Desde entonces, el procedimiento judicial se ha ido ampliando con nuevas diligencias, incluida la apertura de un procedimiento disciplinario interno contra el recluso, que ha sido recurrido ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

El caso también está siendo investigado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que está elaborando un informe con toda la información que ha podido recabar hasta el momento.