Ante las nuevas revelaciones de posibles abusos

Tribuna

"Extraña la pasividad del Partido Popular, mostrándose hasta el momento en una posición de inacción cuando se denuncian acontecimientos denostables para la sociedad algecireña", valora el magistrado algecireño

El desmentido de presuntos abusos sexuales

La fachada del Ayuntamiento de Algeciras.
La fachada del Ayuntamiento de Algeciras.

Algeciras/Dos mujeres han acusado al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, de acoso sexual y abuso de poder en una información difundida por el diario Público de la que se ha hecho eco el Partido Socialista, entre muchas otras formaciones políticas, instando a que se tomen medidas para salvaguardar la integridad de las víctimas.

Lo narrado por estas dos personas en Público es bastante grave. Se relatan abusos -hoy denominados agresiones sexuales- en el despacho del primer munícipe y aprovechando actos oficiales, además de un acoso continuado a varias mujeres, trabajadoras del Ayuntamiento, recalcando que “hay miedo a denunciar por temor a represalias”.

Ante ello, como me pronuncié en la anterior ocasión en el caso de los “pantallazos” de Whatsapp, donde dos concejalas narraban tocamientos, posteriormente desmentidos, la situación debe aclararse lo antes posible. Y caso de que se niegue ser cierto cuanto se expone ahora por dos mujeres distintas, deben denunciarse esos hechos por parte del presunto agresor y acosador, así como por quienes dicen haberlo padecido. No se puede pasar por alto que, según manifiestan los testimonios, las situaciones de abusos y acoso se habrían producido en el despacho municipal, prevaliéndose de su cargo.

Por el bien de la dignidad de la mujer, y de quienes trabajan en el Ayuntamiento, deben adoptarse medidas sin miedo a que puedan tomarse represalias de tipo alguno contra quienes hayan denunciado. De ser cierto y averiguarse lo que se narra, los hechos podrían constituir delitos continuados de abusos sexuales -hoy agresiones sexuales, conforme a la Ley 10/2022-, al tiempo que acoso, en ambos casos cometidos en relación de superioridad y prevalimiento de cargo público, al ser superior jerárquico el presunto autor respecto de las perjudicadas. Cabe señalar que quienes puedan conocer la certeza de cuanto se está narrando en los medios y lo oculten, pueden igualmente ser responsables por complicidad.

La ciudad está padeciendo las consecuencias de aparecer a nivel nacional con este tipo de noticias que dañan la imagen de Algeciras, dándose la sensación que todo puede estar permitido y sin la adopción de medidas. Extraña la pasividad del Partido Popular, mostrándose hasta el momento en una posición de inacción cuando se han denunciado acontecimientos denostables para la sociedad algecireña. Otros partidos, en situaciones similares, ya adoptaron medidas.

En el ámbito político debe existir una indagación interna para determinar la certidumbre de cuanto está ocurriendo, si existe miedo en denunciar y si se han producido en los últimos años ascensos o degradaciones de puestos por quienes pudieran aceptar u oponerse, respectivamente, a los supuestos abusos. Y una vez terminada, debe remitirse a la Autoridad Judicial para la actuación que incumba. Ello daría una mayor confianza a los ciudadanos en relación con los partidos políticos.

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