El alcalde ordena reanudar la obra de la calle Trafalgar y la empresa se querellará

El alcalde, Diego Sánchez Rull, ordenó ayer retomar la obra de la calle Trafalgar ante lo que considera un incumplimiento de la empresa, que paralizó los trabajos por la deuda que mantiene el Consistorio por otras actuaciones desde 2008. El Ayuntamiento inició hace dos semanas el procedimiento necesario para rescatar la obra. Los operarios municipales comenzaron ayer los trabajos de rehabilitación de la vía, en la intersección con la calle Alfonso XI, con la colocación de los adoquines a fin de que no se vea afectada la carrera oficial de las salidas procesionales de Semana Santa.

El Ayuntamiento, asimismo, tiene previsto adjudicar por vía de urgencia lo que resta de la rehabilitación de Trafalgar, consistente en el aglomerado de la calzada. El Consistorio prevé que se terminarán estos trabajos durante la Semana Santa o en los días inmediatamente posteriores. El alcalde recalcó que se está al corriente de los pagos de la obra de la calle Trafalgar, financiada con fondos estatales, por lo que ejecutará los avales y reclamará a la compañía daños y perjuicios.

La empresa Juan Rodríguez, por su parte, anunció ayer que interpondrá una querella contra el alcalde tras considerar que ha podido cometer un supuesto delito de prevaricación al suspender la ejecución de la obra desarrollada por dicha constructora en Trafalgar. Los dirigentes de la compañía afirmaron que la resolución administrativa que interrumpe la adjudicación es "absolutamente arbitraria e ilegal" y que, además, responde a "un procedimiento sumarísimo" que no se corresponde con la normativa reguladora; ya que se habrían prescindido de trámites esenciales.

"El Ayuntamiento se atribuye una facultad legal que no le está reconocida en la Ley de Contratos del Sector Público", argumentaron los representantes de Juan Rodríguez, quienes añadieron que el Consistorio dictó una resolución que de forma "patente y flagrante" es contraria al ordenamiento jurídico. La querella será extensiva igualmente y en el grado de participación penal que se concrete, recalcaron desde la compañía, al secretario general municipal y al técnico que intervino en el procedimiento -aunque este último queda pendiente de confirmación, ya que el equipo de abogados de la empresa aún evalúa este detalle-.

El conflicto arranca, según la compañía, cuando la administración conoció la intención de la empresa de emprender acciones judiciales para reclamarle los casi 378.000 que le adeuda el Ayuntamiento de otras obras ejecutadas desde 2008. "Fuimos advertidos directa e indirectamente de que tal proceder conllevaría la no adjudicación de ninguna otra obra y que, además, nos despojarían de las que actualmente teníamos", recalcaron desde la constructora.