La sección de Algeciras de la Audiencia Provincial de Cádiz ha confirmado una sentencia del Juzgado de lo penal número 3 de la ciudad que condenó a la abogada N. C. H. a 22 meses de prisión como autora responsable de un delito continuado de deslealtad profesional y otro de falsificación de documento oficial al considerar como hechos probados actuaciones con seis clientes, entre 2007 y 2011, "contraviniendo las normas reguladoras de su oficio y perjudicando gravemente sus intereses".

La principal pena es de 22 meses de prisión por falsificación de documento oficial, delito que según el fallo del Juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras también conlleva la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una multa de 10 meses con una cuota diaria de 6 euros, con arresto sustitutorio de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, y una quinta parte de las costas. Por el delito continuado de deslealtad profesional, la letrada fue condenada a una multa de 20 meses, con una cuota diaria de 6 euros, con arresto sustitutorio de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas. También tendrá una inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía durante tres años y una quinta parte de las costas. Las multas ascienden a un total de 5.400 euros.

La acusada deberá pagar 5.400 euros en multas y 17.000 en indemnizaciones

En el fallo se le absuelve de un delito de presentación en juicio de documento falso, de un delito continuado de falsificación de documento privado y del delito de aprobación indebida que le venían siendo imputados. A los seis clientes perjudicados deberá abonar cantidades que van desde los 1.500 hasta los 5.000 euros. En total suman 17.000 euros.

La abogada presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que ha sido desestimado en todos sus puntos por lo que la sentencia que emitió en primera instancia del Juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras el 3 de noviembre de 2017 queda confirmada íntegramente.

La sentencia recoge seis actuaciones en las que la sala considera probado que contravino las normas reguladoras de su oficio y perjudicó gravemente los intereses de sus clientes.

En un caso fue contratada por una empresa para que reclamara ciertas cantidades a otras compañías. Tras realizar algunas gestiones extrajudiciales, ante el resultado fallido de estas la ahora condenada no realizó ninguna actuación más, pero hizo creer a su cliente que había entablado las correspondientes demandas judiciales e incluso le indicó que las cantidades estaban consignadas en el juzgado, cuando no era verdad.

Otro cliente contrató los servicios de la abogada después de que su hija tuviera un accidente en el colegio y sufriera una herida. El Juzgado de Instrucción archivó la causa, por lo que al denunciante le quedó la reclamación por vía civil, encomendada a la letrada. Sin embargo, la acusada hizo dejación absoluta de sus obligaciones y no presentó la correspondiente demanda, pese a lo cual mantuvo engañado a su cliente e incluso le presentó un auto del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Algeciras que resultó ser falso.

En un procedimiento de divorcio, hizo creer a un hombre, a sabiendas de que era incierto, que el resultado había sido favorable a sus intereses e incluso le entregó una sentencia manipulada por ella, ya que a los dos primeros folios añadió un tercero que no se correspondía con la realidad. Por este motivo el cliente dejó de abonar la pensión compensatoria a su exesposa, que inició otro procedimiento que desembocó en el embargo de los bienes del cliente. La acusada hizo creer a la víctima que el embargo se debía a errores judiciales y falsificó un auto que señalaba que el embargo había quedado sin efecto y que el cliente remitió a la Guardia Civil creyendo que era verdadero.

Otra actuación por la que la letrada ha sido condenada tuvo lugar tras un juicio de faltas por un accidente de tráfico. La causa fue archivada, con expresa reserva de acciones civiles, que fueron encargadas por la clienta. La acusada hizo creer que se había llegado a un acuerdo extrajudicial con la compañía aseguradora contraria y que había librado dos cheques a su favor. Sin embargo, el acuerdo no existió.

En otro caso por accidente, a una mujer que sufrió un siniestro con un camión la aseguradora le ofrecía 7.000 euros, pero al considerar baja la cantidad contrató los servicios de la abogada. Esta le hizo creer que había llegado a un acuerdo para que le pagaran 11.500 euros y llegó a mostrarle un fax, supuestamente remitido desde su despacho al Juzgado, en el que solicitaba que se embargara a la aseguradoras las cantidades aún no satisfechas. El acuerdo fue finalmente por 7.700 euros.

La última actuación contemplada en la sentencia es por otro proceso de divorcio en el que un hombre deseaba quedarse con la custodia de los dos hijos del matrimonio y del domicilio familiar. La abogada, al no obtener el resultado deseado, confeccionó un auto falso que decía que, de manera cautelar, se entregaba a su cliente la custodia de los hijos y el uso de la vivienda. El cliente lo hizo valer ante familiares de su exesposa, que formuló una denuncia contra él por amenazas. En el correspondiente procedimiento penal, el hombre fue defendido por la misma letrada y quedó absuelto.