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Transparencia municipal

  • Landaluce se arriesga a que el expediente sancionador instado por Transparencia siga imparable su curso y a que aparezcan nuevas demandas de información con un desenlace similar

José Ignacio Landaluce, en mayo de 2023, en el acto de cierre de la campaña electoral de las municipales.

José Ignacio Landaluce, en mayo de 2023, en el acto de cierre de la campaña electoral de las municipales. / Jorge del Águila

El gobierno local de José Ignacio Landaluce tiene un grave problema de transparencia. Su silencio y sus evasivas sobre los fines que los grupos municipales dieron a sus asignaciones públicas a lo largo del pasado mandato, entre 2019 y 2023, dejan un regusto extraño y amargo. Pidió la información en julio de 2023, inicialmente, el ex concejal de Vox, Jorge Domínguez, ante las sospechas de los gastos realizados con cargo a dichas asignaciones por su ex compañero Antonio Gallardo; ante la callada por respuesta recibida, Domínguez recurrió al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que desde que se puso en contacto con el Ayuntamiento no ha obtenido tampoco una contestación satisfactoria. Como adelantó el pasado miércoles Europa Sur, la paciencia del citado órgano ha llegado a su límite y ha ordenado la incoación de un procedimiento sancionador.

No es para tomarse a chanza la advertencia. El Ayuntamiento debe abrir expediente e identificar al responsable de la falta de transparencia, que se arriesga a una multa que oscilaría entre los 30.000 y los 100.000 euros. No obstante, en el organigrama municipal no aparecen asignadas las funciones de transparencia y, de hecho, el único escrito salido desde el Consistorio con dirección al Consejo ha sido firmado por el secretario municipal -sin atribución ni responsabilidad alguna a nivel político- para decir que en Algeciras no hay establecido un sistema de rendición de cuentas para los grupos municipales.

Es más, el secretario, persona seria y cumplidora, ha dejado constancia de la necesidad de que el Ayuntamiento apruebe un procedimiento para que los partidos con representación municipal rindan cuentas de un dinero cuyo empleo debe ir destinado a la adquisición de material fungible y otros fines muy específicos. Nada, por tanto, de pagar remuneraciones de personal, comidas, campañas electorales, el leasing de un coche o el alquiler de un local.

La Ley de Bases del Régimen Local “impone a los grupos políticos el deber de llevar una contabilidad específica, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que este lo pida", añadía el secretario en su escrito a Transparencia. No obstante, recordaba, en el Ayuntamiento de Algeciras no hay un procedimiento reglado para esa rendición de cuentas. Tampoco se ha desarrollado la ordenanza municipal de transparencia, en vigor desde agosto de 2016, que se daba seis meses de plazo para activarse.

Con la Ley de Transparencia de Andalucía en la mano, cualquier ciudadano tiene derecho a que las administraciones públicas den respuesta a sus demandas en el plazo máximo de un mes, pero en el caso de Algeciras se ha demostrado que es imposible.

Ahora bien, no es necesario contar con un procedimiento reglado para rendir cuentas. Lo demostraron los concejales de Adelante Algeciras (AA) en 2023, al término del mandato, devolviendo además a las arcas municipales el dinero de las asignaciones que no habían llegado a emplear. El ejemplo debe ser imitado sin dilación por el resto de partidos -PP, PSOE, Vox y también el prácticamente desaparecido Cs- que compartieron la anterior corporación con AA para evitar cualquier tipo de sombra sobre el empleo que dieron a ese dinero. El Partido Popular dispuso de 158.487 euros anuales, el PSOE de 100.477 (si bien sostiene que se le adeudan 440.000 euros desde 2022), AA de 30.865 y Cs, otro tanto. A Vox, 15.432,50 euros.

Más amplia es la responsabilidad del gobierno local y del alcalde, como máximo responsable del mismo. En el próximo Pleno debería presentar para su aprobación, de una vez, el sistema de rendición de cuentas de las asignaciones y crear un área municipal de transparencia, con un responsable al frente con nombre y apellidos. De lo contrario, se arriesga a que el expediente sancionador instado por Transparencia siga imparable su curso y a que aparezcan nuevas demandas de información con un desenlace similar. El resto de ayuntamientos, que tomen nota.

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