El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía quiere fiscalizar de forma más exhaustiva el cumplimiento de la sentencia que obliga a demoler el parking La Escalinata, pendiente de 2016. Después de una larga lista de retrasos acumulados, el TSJA ha emitido una providencia en la que exige al Ayuntamiento de Algeciras que informe "pormenorizada y mensualmente" de los pasos seguidos para ejecutar la demolición de forma efectiva.

Esa demolición, así como el cierre del parking, ha sido instada en innumerables ocasiones por los vecinos de los edificios Escalinata y Atlántida, los afectados por la obra del inmueble. Han tenido tiempo para hacerlo: la primera sentencia que declara la ilegalidad del aparcamiento es de 2004, ratificada por el Tribunal Supremo en 2006; desde entonces los propietarios reclaman el derribo del aparcamiento.

Tras múltiples intentos para evitar la demolición o lograr un derribo solo parcial, a finales de 2016 el TSJA rechazó un último recurso y en mayo de 2017 el Tribunal Supremo denegó el recurso de casación.

Solo quedaba el derribo y el Alto Tribunal andaluz ha venido reclamando al Ayuntamiento que ejecute esa sentencia pendiente. Para ello ha ido realizando diferentes requerimientos: el primero un calendario de actuaciones y que se determinasen unos responsables de la ejecución de la sentencia.

A finales de 2017, el Consistorio comunicó al juzgado que carecía de medios técnicos para la redacción del proyecto, por lo que encargaría el trabajo a una empresa especializada. El concurso para la redacción del proyecto y dirección de obras de la demolición no se convocaría hasta agosto de 2018. Pero su adjudicación también sufrió una importante demora, quedando aplazada para recabar la colaboración de personal técnico de otras administraciones para evaluar las ofertas. El contrato se adjudicó en noviembre de 2019 a la UTE Vising Innova 2016 SL y VS Servicios y Urbanismo SL. La adjudicataria tenía un plazo de tres meses para la redacción del proyecto, pero no cumplió ese plazo. Y llegó el estado de alarma.

En septiembre de 2020, el TSJA volvía a advertir al Ayuntamiento de Algeciras: tenía que cumplir la sentencia de derribo. Y además lo apercibía: si no lo hacía, los encargados de la ejecución de la sentencia se enfrentarían a multas e incluso a la delimitación de responsabilidades penales.

Finalmente se decidió resolver el contrato existente de mutuo acuerdo, sin imponer penalización alguna al adjudicatario, que alegaba que no lo había cumplido por "la enorme complejidad técnica, la importante repercusión en los edificios colindantes (estado actual de los mismos y su compatibilidad de uso durante las obras de demolición) y las grandes dificultades que implica la ejecución de la demolición del aparcamiento", unas actuaciones que "suponen una actividad de peligro extrema y se deberían realizar con todas las garantías posibles en materia de seguridad y salud, ambiental, socio-cultural, afección y explotación de viarios y servicios básicos existentes en el entorno, etc.".

En febrero de este año, el Ayuntamiento de Algeciras volvió a sacar a concurso la redacción de proyecto, coordinación de seguridad, gestión de residuos y dirección de obras en la demolición del aparcamiento denominado Escalinata. A este procedimiento se presentaron cuatro ofertas, algunas de ellas con llamativas bajas en las propuestas económicas. A partir de ahora, el Consistorio tendrá que remitir mensualmente un informe sobre el desarrollo de los trabajos, que nuevamente tienen un plazo de tres meses.