Los grupos de la oposición se encontraron en la mañana de ayer con una sorpresa sobre la mesa: el equipo de Gobierno quiere dar un cambio radical a la relación de puestos de trabajo de cada grupo. Argumentando la falta de personal cualificado en la Administración Tributaria del Ayuntamiento, el PP lleva a Pleno un acuerdo para o bien eliminar el funcionario o personal laboral adscrito en calidad de administrativo a los grupos políticos o bien permitir que siga existiendo esta figura pero con un límite: que no sean licenciados ni diplomados.

La propuesta parte de "las innumerables peticiones de personal realizadas por el director de la Administración Tributaria" para realizar tareas que requieren de trabajadores cualificados. Ante esta, el PP propone modificar el acuerdo tomado en junio de 2015 por los grupos políticos durante la constitución del Ayuntamiento, que daba a cada grupo la posibilidad de "disponer de un funcionario o personal laboral en calidad de administrativo, a elección de los grupos, con previa aceptación de la persona elegida". La propuesta pasa por eliminar directamente esta posibilidad o que se mantenga con restricciones: el elegido deberá pertenecer exclusivamente a los grupos C1 y C2 (técnicos), nunca a los A1 y A2 (estudios superiores).

PSOE y Podemos critican la medida; el PP considera que se han hecho trampas

La tormenta no se hacía esperar. El PSOE y Algeciras Sí Se Puede criticaban duramente la propuesta popular. "Esto es una agresión democrática que rompe las reglas del juego a mitad de partido", aseguraba el portavoz del grupo municipal socialista, Fernando Silva. Las personas adscritas a los grupos se encargan de la recopilación de información de los boletines o la agenda, pero también del seguimiento de temas monográficos de los plenos o de las comisiones informativas. La posibilidad de quedarse sin el funcionario que ahora ostenta "coarta nuestra capacidad de oposición", denunciaba Silva, así como la de "elección".

ASSP calificaba esta decisión "un ataque político" a la formación, ya que considera que se adopta "como consecuencia directa de la orden judicial que obligaba al alcalde, José Ignacio Landaluce, a dar respuesta a la reclamación de documentación pública de la formación morada". Según la formación, es precisamente la labor de asesoramiento prestada la que ha permitido que ASSP realice una labor de fiscalización durante meses, "solicitando por vía administrativa documentación que nunca se proporcionaba y que ha culminado con la orden judicial urgente que ha obligado a Landaluce a entregar la documentación pública al grupo municipal, auspiciado por Podemos". La medida adoptada por el PP "es una maniobra caciquil y represiva", apostilló.

El teniente de alcalde de Economía, Luis Ángel Fernández, acusaba al PSOE de hacer trampa. "Cuando se llegó al acuerdo de los grupos, se hablaba de tener un personal administrativo", señaló, pero "el PSOE ha cogido funcionarios de primer nivel y los ha adscrito a su grupo". Fernández destacó que con las medidas de ajuste se ha rebajado el número de funcionarios de 800 a 710 para reducir la deuda y "no nos podemos permitir el lujo que el pueblo de Algeciras le esté pagando al PSOE un funcionario de alto nivel y con esos sueldos".