El PP reclama una moratoria para las palmeras hasta eliminar el picudo rojo

El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno andaluz inste a la Junta a implantar una moratoria en la plantación de palmeras de origen nacional hasta la total erradicación de la plaga del picudo rojo que las afecta actualmente, así como para que se impulse la coordinación entre los municipios en esta lucha.

Además, reclama que se asigne la dotación presupuestaria correspondiente para dar cumplimiento al Real Decreto 1190/1998, de 12 de junio y que se cambien las trituradoras actuales por incineradoras en los vertederos autorizados por la Junta para lograr la completa destrucción de restos de poda y tala de palmeras afectadas por la plaga.

Asimismo, pide que exija a las administraciones competentes en materia de aduanas y fronteras equipamientos de rayos X para el control de la entrada de palmeras de acuerdo con las recomendaciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y en todo caso impedir la entrada de palmeras provenientes de países infectados, así como la reclamación al Gobierno central de la firma de un acuerdo de colaboración para la investigación conjunta de soluciones contra la plaga del picudo rojo y otras similares como la paysandisia.

Algeciras es uno de los municipios que más está sufriendo el azote del picudo rojo, al contar por centenares los ejemplares talados por la plaga. Muestra de ello es la Plaza Alta, símbolo de la ciudad, y que ha visto cómo el número de palmeras se ha reducido a más de la mitad. La propuesta del PP puede tener incidencia en Algeciras, donde recientemente se han plantado palmeras en las obras del Río de la Miel y está previsto que también se coloquen ejemplares en el nuevo Llano Amarillo, aunque muchos menos de los previstos en el proyecto original que ganó el concurso.

Los populares resaltan que la Junta tiene la obligación de prestar asistencia técnica e indemnizar a los perjudicados los gastos de las medidas ordenadas por la Consejería, en el orden del 100% en el caso de los particulares y el 40% para los ayuntamientos.