Algeciras

Once años del caso Escalinata, el gran marrón urbanístico de Algeciras

  • El futuro del parking está en manos del Supremo, después de que el TSJA rechazara el Plan de Movilidad para legalizarlo. La vía penal, con dos exalcaldes imputados, toma impulso con la apertura del juicio oral

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 El caso Escalinata se ha convertido en el gran marrón urbanístico de Algeciras. La problemática en torno al aparcamiento declarado ilegal -cuyas obras arrastraron al edificio colindante a la ruina urbanística- dura ya más de once años. El lento discurrir del procedimiento judicial por las salas de lo contencioso-administrativo se acerca a su fin con una nueva sentencia del Tribunal Supremo que está al caer. Asimismo, ocho años después de que los vecinos del edificio Escalinata interpusieran la querella, la vía penal ha tomado impulso con el anuncio de la apertura del juicio oral en una causa en la que hay siete imputados, entre ellos dos exalcaldes. "La Justicia es lenta pero al final llega", señala uno de los principales afectados por esta actuación. Llegados a este punto es conveniente echar la vista atrás para entender cómo se ha llegado a esta situación. Más si cabe porque, al margen de que se depuren las posibles responsabilidades penales en los tribunales, el desenlace de esta historia puede acarrear unas consecuencias devastadoras para las arcas municipales.

El origen está en el Pleno de julio de 2001 en el que el PA y PP aprobaron el proyecto definitivo del parking. Resulta desolador comprobar cómo en aquel debate ya se advirtió por parte de la oposición de las irregularidades que contenía la actuación. De nada sirvió, como tampoco que el edificio Atlántida presentara la denuncia contra la construcción del aparcamiento o que empezaran a aparecer grietas en el edificio Escalinata durante las obras.

La situación dio un vuelco previsible cuando el TSJA declaró ilegal el parking a finales de 2004. Los motivos, los que ya se expusieron años atrás: la ausencia de licencia y que se había hecho pasar de forma "grotesca" por subterráneo al tomar como rasante la Plaza Alta en vez de la avenida Virgen del Carmen.

Pese a este varapalo judicial, el Ayuntamiento autorizó más obras en el parking para que acogiera nuevos usos. El PSOE, que se opuso al parking en la oposición, estando ya en la Alcaldía dio luz verde junto al PA a la construcción de cuatro plantas de oficinas en una de sus fachadas. Los vecinos del edificio Escalinata denunciaron estos hechos, entre otras cosas porque el parking ya había sido declarado ilegal. Sin embargo, el Consistorio había recurrido al Supremo. Una táctica que se ha mantenido desde que empezó el problema con la única intención de posponer la solución final. Desde entonces, todo han sido sentencias ratificando que el aparcamiento y sus  oficinas son ilegales. Incluido el rechazo del TSJA al Plan de Movilidad, herramienta que se aprobó en 2007 para regularizarlo y que consiguió retrasar la ejecución de la sentencia sobre el parking. Ahora sólo queda esperar al pronunciamiento final del Supremo. Si desestima el Plan de Movilidad, como ya ha hecho el TSJA, se podrá intentar alargar más el proceso con recursos de súplica; pero el Ayuntamiento tendrá que empezar a afrontar que no hay vuelta atrás. Por ello, si tiene algún as guardado en la manga -en forma de modificación del PGOM para intentar legalizar el aparcamiento a la desesperada- debe ponerla sobre la mesa ya.

La ejecución de la sentencia pasa desde un hipotético derribo del parking -la opción más extrema- hasta dejar fuera de planeamiento urbanístico el edificio, al no poder albergar éste el uso de aparcamiento. En ambos casos el coste económico para el Consistorio será elevado, ya que el aparcamiento se construyó con todos los permisos municipales. Así, todo indica que la empresa Nautagest reclamará una indemnización así como el lucro cesante de la concesión administrativa, que se dio por 50 años. 

Este mes, además, se ha reactivado la vía penal con el auto del Juzgado de Instrucción número 1 que ordena la apertura del juicio oral por los daños en el edificio Escalinata. Están imputados por prevaricación los ex alcaldes del PSOE Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera, el exedil José Ortega (PA), y el arquitecto municipal Arsenio Pacios. Asimismo, están imputados por daños imprudentes el administrador de Nautagest, José María Aycart, el arquitecto Pedro Pérez Blanco y el aparejador Antonio Ayala.        

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