La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Cádiz estudiará el próximo lunes si insta a la Consejería de Justicia y Administración Pública a que abone las asistencias gratuitas de extranjería de los letrados del año pasado. El organismo autonómico adeuda unos 100.000 euros por los tres primeros trimestres de 2009. El cuarto ya está en trámite.

Este impago afecta a los 180 abogados que forman parte del turno de oficio del partido judicial de Algeciras. Evidentemente, por su situación geográfica, la zona más afectada de la provincia es la del Campo de Gibraltar. El año pasado Algeciras sumó 1.300 asistencias a inmigrantes, mientras que Cádiz 193.

El portavoz de este colectivo en Algeciras, Alberto Pérez, indicó que desconocen las razones por las que se adeuda esta materia. "No justifica (por la Junta de Andalucía) que deje de pagarlo, cuando la asistencia jurídica gratuita al extranjero es una obligación por las directivas europeas como por la reforma de la Ley de Extranjería". Recuerda que fue la propia Junta la que les solicitó defender a los extranjeros y elaborar los recursos.

Una resolución del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado 10 de febrero especifica las compensaciones económicas que se concedían a los diferentes colegios de abogados andaluces por las asistencia jurídica gratuita. En las correspondientes al tercer trimestre de 2009 se especifica que se deduce las partidas correspondientes a la vía administrativa de extranjería y a los expedientes disciplinarios, "cuyos importes se abonarán una vez se apruebe la modificación de la Orden de 9 marzo, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el turno de oficio".

El Colegio de Abogados de Cádiz se pregunta que cuándo se va a modificar esta orden, ya que tampoco implica demasiada complejidad burocrática. "No tiene explicación que no pague eso", añadió Pérez, quien matizó que la asistencia de extranjeros es importante. "No sólo es la patera. Está la expulsión, la devolución y el retorno".

Explicó que los suspuestos más habituales son los de expulsión, que además no se ejecutan en el acto. Es por ejemplo cuando el ciudadano no tiene la documentación, pero está empadronado o tiene un piso en alquiler o una cuenta corriente. Es habitual que el recurso que se presenta prospere y se cambie la expulsión por una multa, normalmente de 300 euros. Algeciras fue pionera en cambiar el sentido de las sentencias en la provincia. "Resulta que el abogado que no cobra y que ha defendido a ese ciudadano le ha ganado un recurso. Es lo inexplicable del sistema, que nos hagan recurrir, que ganemos los recursos y que luego no nos paguen".