El dueño de Fitonovo confiesa que pagó mordidas en el Ayuntamiento de Algeciras

El levantamiento del sumario por la Operación Enredadera continúa proporcionando detalles sobre la trama del pago de comisiones a técnicos y políticos, urdida por la empresa Fitonovo para hacerse con contratos de obra pública ante varias instituciones públicas, un asunto que salpica de lleno a la anterior corporación algecireña dos de cuyos alcaldes se encuentran como imputados. El dueño de la empresa sevillana, Rafael González Palomo, reconoció ante la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya que esas comisiones "desgraciadamente se pagaban" e incluye en la misma al Ayuntamiento de Algeciras, donde se pagaron 279.360 euros a varios cargos para la construcción y gestión del polideportivo Body Factory en El Calvario.

Estas manifestaciones se añaden a las ya conocidas del administrador de la sociedad, José Antonio González Baro a quien de nuevo la juez Alaya imputó el pago de comisiones ilegales por la construcción del centro deportivo, aunque no especificó cuando fue llamado a declarar los destinatarios de las mismas.

Según señaló ayer la agenciaEFE, el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, reconoció sobornos ante la juez Mercedes Alaya tras las primeras detenciones de la operación Madeja y en su primera declaración precisó que "las comisiones, desgraciadamente, se pagan de forma habitual". Para pagar los sobornos, asegura que el comercial, Juan Andrés Bruguera, el único que sigue preso en la causa y casado con una hermana de su mujer, "tiene libertad para hacer este tipo de operaciones, porque forman parte del día a día" y el jefe se ocupa de que "la empresa siga viviendo".

El comercial tiene "poder de decisión" y "vía libre" en el pago de "las comisiones que precise para sacar los contratos adelante", señala el dueño de la empresa, que "no ha fijado límite" para ello y asegura que no necesita de su autorización para pagar sobornos, puntualiza.

Cuando hace regalos a técnicos y a políticos, asegura que no era para que les adjudicaran concursos, "al contrario", afirma que los hacían "porque tenían miedo a que le quitaran el servicio" y denunciad que Castaño le decía: "Si no ayudas, ayudarán otros".

Ángel Manuel Macedo, administrador de Fiverde, una de las filiales de Fitonovo, declaró a su vez ante la juez Alaya y reconoció el pago de regalos en el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación sevillana, los ayuntamientos de La Carolina (Jaén) y Algeciras (Cádiz) o en Adif, y concluye afirmando que "cuando realizaba los pagos que le ordenaban, no pensaba en nada" y "no ponía pegas. Sería tonto decir que lo veía bien", subraya.

Después de esta declaración, la juez citó de nuevo al dueño de Fitonovo, que precisó aún más los sobornos y lamentó que eran una práctica habitual de la empresa para poder optar a concursos públicos. La juez, tras levantar el secreto del sumario, asegura que la empresa Fitonovo es una "organización criminal" que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos.

En lo que se refiere a Algeciras, la operación Enredadera implica a tres técnicos municipales y a dos exalcaldes del PSOE. Entre estos dos últimos, el pago de mordidas investigado por Alaya, se cobró el pasado 22 de noviembre, el cargo que Diego Sánchez Rull, imputado por Alaya de alterar los informes que permitieron la adjudicación del centro deportivo Body Factory y con una petición de la Fiscalía de 900.000 euros. La misma cuantía tiene el técnico de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras, José Álvarez, mientras que el arquitecto municipal José Alberola se enfrenta a una petición por parte del ministerio público de 400.000 euros. En el mismo sumario permanecen aún como imputados el exalcalde Tomás Herrera y el coordinador del Patronato Municipal de Deportes, Javier Malla, para los que no se han pedido medidas cautelares por parte de la Fiscalía.