La venta de la finca Cortijo Botafuegos vuelve a quedar paralizada. El Ministerio de Defensa ha decidido retirar las 549 hectáreas de terreno de la venta directa en la que estaban desde hacía meses, después de que tanto el Ayuntamiento de Algeciras como la Junta de Andalucía alegasen contra ese proceso de venta. Ahora, asegura el Consistorio, se abre la puerta a la negociación.

La finca está en litigio entre el Ministerio y el Ayuntamiento desde el año 2009, cuando se publicó la primera subasta de los terrenos, que quedó desierta. Entonces salieron a la venta por 8,8 millones de euros y el Consistorio acudió a los tribunales para paralizar la venta por considerar que le correspondían 140 hectáreas de esos suelos, el llamado Majadal Alto. Tras ese primer intento, la finca quedó en un segundo plano hasta que en julio del pasado año volvía a salir a subasta, por 3,7 millones de euros. De nuevo se quedó sin ofertas, por lo que el Ministerio optó por pasar la finca a un procedimiento de venta directa por esa cantidad, que ahora queda en suspenso.

El Consistorio considera que se abre una puerta para negociar la devolución del suelo

El Ayuntamiento anunció entonces que acudiría al contencioso-administrativo si no se paralizaba la venta. Dentro de la finca Cortijo Botafuegos se incluyen 140 hectáreas que fueron expropiadas por causa de utilidad pública en 1968 para la construcción de nuevos acuartelamientos en Algeciras. En 2006, Defensa desafectó los terrenos para poder venderlos, un cambio que no fue comunicado al Consistorio, así que este no pudo ejercer su derecho a solicitar la reversión de los suelos, argumenta el municipio. Además, los abogados municipales alegan que los suelos están inscritos en el catálogo de montes de utilidad pública y para proceder a su desafectación tendrían que salir en primer lugar de él. Algo que es competencia de la Junta de Andalucía.

A este respecto, la propia Consejería de Medio Ambiente también remitió en octubre un escrito del consejero en el que reclamaba la paralización y anulación inmediata de la subasta dada la naturaleza pública del monte Botafuegos, incluido en el catálogo de montes de Andalucía. Defensa, advertía la Junta, no tiene competencias para desafectar ese suelo. También los ecologistas de Agaden amenazaron con acudir a los tribunales por este motivo.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, informaba ayer por la mañana sobre la resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de Defensa del Ministerio de Defensa, en la que se da respuesta al requerimiento municipal de 25 de enero de 2018 para la paralización de la enajenación directa de dos parcelas en Finca Cortijo de Botafuegos. Landaluce valoró muy positivamente el cambio de actitud del Ministerio, recogida en un escrito en el que explica que "estimando que la cuestión es cuando menos dudosa y en aras de los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, así como el de legalidad que guía toda la actuación de este organismo procede a estimar su requerimiento exclusivamente en cuanto a suspender el procedimiento de enajenación en venta directa". La resolución está fundamentaad en distintas cuestiones legales "como el hecho de que nunca haya dejado de ser de dominio público, que dejan la puerta abierta a la negociación sobre la titularidad", explica el regidor.

El alcalde destacó que "este nuevo pronunciamiento del Ministerio de Defensa es una buena noticia para Algeciras en una cuestión sobre la que seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora para conseguir que los terrenos vuelvan a ser pronto de los algecireños".

La finca Cortijo de Botafuegos está compuesta en realidad de dos fincas, una de ellas de solo una hectárea. Se trata de una zona con grandes restricciones urbanísticas, ya que desde el pasado año forma parte del Parque Natural de Los Alcornocales y anteriormente ya aparecía como suelo no urbanizable de especial protección en el PGOU de Algeciras.

La mayor parte de las 549 hectáreas se incluyen dentro de la denominada zona de regulación especial del Plan de Ordenación del parque, que marca los usos posibles para este suelo protegido. Y esa regulación especial significa que el objetivo principal es la conservación de los ecosistemas existentes, de los servicios que proporcionan y de la fauna y flora asociada a los mismos. "Esto requiere la conservación y regeneración de las formaciones forestales presentes y el desarrollo equilibrado del uso científico, el uso público y recreativo y las actividades primarias", puntualiza el plan. Esas limitaciones urbanísticas parecen haber pesado en que la venta de la finca no se haya llevado a cabo aún.