El Ayuntamiento de Algeciras solicitó el pasado mes de mayo el sobreseimiento de la causa judicial que se instruye por la detención de tres exdirectivos de la empresa municipal de limpieza, Algesa, en abril de 2012, cuando fueron arrestados por Aduanas saliendo del punto limpio de Los Guijos con mercancía falsificada que debía ser destruida. El Consistorio pidió el archivo del caso tras un auto del juez de iniciación de procedimiento abreviado por un supuesto delito contra la propiedad intelectual.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 dio traslado a las partes para que formulasen el escrito que procediera a propósito del citado auto de iniciación del procedimiento abreviado y el Consistorio entendió y así lo trasladó que lo que había que hacer era proceder al archivo de la causa.

El Ayuntamiento expuso en sus alegaciones que hasta la fecha no se había podido "determinar el destino final de la mercancia incautada", "razón suficiente para solicitar el sobreseimiento, sin perjuicio que por parte del Ministerio Fiscal considere oportuno la apertura del juicio oral".

El Consistorio también destacó en sus argumentos que en la "compleja y laboriosa instrucción no se han personado las marcas, que son las verdaderamente perjudicadas". El Ayuntamiento solicitó en mayo de 2012 la personación en las diligencias como parte perjudicada.

El equipo de gobierno municipal indicó ayer a este diario que no realiza comentarios de asuntos que están judicializados.

El pasado julio el PSOE comunicó que había recibido una respuesta del Consistorio en la que, tras requerirle "información suficiente sobre la estrategia que está siguiendo el Ayuntamiento de Algeciras en el procedimiento judicial del denominado caso Algesa", se le contestó que no estaba inmerso "en ningún procedimiento judicial". El portavoz del grupo municipal socialista, Diego Sánchez Rull, calificó entonces esa respuesta del concejal delegado de Algesa, Luis Ángel Fernández, de "sorprendente". Y a partir de esa contestación el PSOE urgió a una aclaración por parte del PP porque se abrían "nuevas incógnitas en un asunto polémico que ha vivido momentos contradictorios y tensos tanto en el ámbito institucional como laboral".

Ayer el socialista Diego Sánchez Rull instó al alcalde, José Ignacio Landaluce, a convocar una junta de portavoces o un consejo de Algesa para explicar a qué odedece la decisión municipal de pedir el sobreseimiento de la causa.

El portavoz socialista y el representante de Izquierda Unida en el consejo de Algesa, José Luis Alcántara, que se manifestó en una nota de prensa, resaltaron que en mayo de 2012 Landaluce convocó una junta de portavoces extraordinaria y urgente en la que se aprobó por unanimidad el despido de estos exdirectivos, "siempre en base a la información facilitada por el PP, y que posteriormente fueron ratificados en un consejo de administración", destacó Alcántara.

Sánchez Rull y el edil de IU coincidieron en criticar el hecho de que entonces se convocara a todos los grupos para recabar su apoyo para proceder con los despidos y que, por contra, ni se comunicara la decisión de pedir el archivo de la causa.

Los exdirectivos Manuel López y Juan José González fueron readmitidos en enero de este año. El Juzgado de lo Social declaró improcedentes los despidos de ambos y el del tercer directivo arrestado en aquella actuación de Aduanas de diciembre de 2012, José Manuel Carrillo. El Ayuntamiento indemnizó a Carrillo y a López y a González los readmitió y los volvió a despedir. El juzgado volvió a declarar improcedentes estos ceses en julio de 2013 y el gobierno local anunció un recurso ante el TSJA. Luis Ángel Fernández señaló en enero que se había optado por la readmisión porque el recurso tenía pocos visos de prosperar. El concejal de Limpieza señaló también en aquella ocasión que la reincorporación era "la mejor solución moral porque es más respetuosa con la presunción de inocencia".

Asimismo, López había presentado en septiembre de 2013 una querella contra el exedil de Limpieza, Bernabé Ramírez, que acabó imputado por un supuesto delito de prevaricación.

Izquierda Unida también trajo ayer a colación la imputación archivada de Luis Ángel Fernández que se dio en el contexto de esa última mencionada causa. "La ciudadanía algecireña tiene el derecho a conocer todas la cuestiones relacionadas con este caso, y por qué se han sucedido todos estos cambios de postura del PP respecto a los frentes judiciales abiertos contra los directivos de Algesa, y qué relación pueden tener, si es que la tienen, estas variaciones respecto a la imputación del actual delegado de Limpieza en un caso instruido en el juzgado número 4 de Cádiz, y, sobre todo, cuánto van a costar estos pleitos a los algecireños", declaró Alcántara.