El Ayuntamiento de Algeciras solicitó hace casi un mes permiso a la Justicia para que autorice el desalojo del edificio de okupas del Secano en el que en la madrugada del jueves al viernes fallecido un hombre, víctima de un apuñalamiento, durante una reyerta que ha llevado a la Policía Nacional a detener a una persona.

El edificio se encuentra en el número 2 de la calle Patriarca Pérez Rodríguez esquina con María Auxiliadora, junto a Correos, donde los vecinos de la zona llevan años denunciando continuos incendios, peleas y ruidos que les hacen temer por su seguridad y la salubridad del entorno. 

Según explica en una nota de prensa, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Urbanismo, y más concretamente del Departamento de Disciplina Urbanística, viene trabajando sobre esta cuestión desde el 10 de octubre de 2016, fecha en la que se incoó un expediente contra los responsables del mantenimiento del inmueble por dejación de sus responsabilidades.

Previa audiencia de todas las partes implicadas, se ordenó en su momento la ejecución de las tareas encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas, a fin de mantener el inmueble en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, debiendo procederse a ejecutar las medidas que expresamente se detallaban, y advirtiéndoles a los obligados que el incumplimiento de lo ordenado podría dar lugar a la tramitación de procedimiento sancionador y a la adopción de cualquiera de las siguientes medidas: ejecución subsidiaria a costa del obligado e imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual por valor máximo, cada una de ellas, del diez por ciento del coste estimado de las obras ordenadas. 

Realizadas sucesivas inspecciones se impusieron sendas multas coercitivas a la entidad bancaria propietaria del inmueble, mediante decretos de 2 de mayo de 2019 y 18 de junio de 2021, debidamente notificadas y por importe de 510,58 euros cada una de ellas.

Más recientemente, con fecha 9 de noviembre de 2020, se incorporó al expediente un informe de la Policía Local, emitido previa vigilancia del edificio en el que se acredita la existencia de indigentes que viven allí y se realiza reportaje fotográfico de la situación del edificio, indicando textualmente que “verificando el estado de insalubridad así como la peligrosidad por posibles incendios y haciendo constar que la mejor solución es proceder al tapiado de los accesos”. 

Con fecha 19 de abril de 2022, se incorporó un nuevo informe de la Policía Local, en el que se relacionan las personas que pernoctan allí. En el mismo, los agentes manifiestan textualmente: “Tras informarles de la voluntad de cerramiento y conminarles en repetidas ocasiones a que abandonen dicho inmueble hemos detectado la existencia de varios pisos aún ocupados y receptáculos de pernoctas en el mismo edificio y de la existencia de movimientos diurnos y nocturnos en el inmueble así como de la imposibilidad de cerrarlo hacia la vía pública por el peligro de encarcelamiento de algunos de estos individuos en su interior”. 

Ante la gravedad de los hechos, la Delegación de Urbanismo, "teniendo en cuenta el estado de alarmante falta de seguridad y respeto de las condiciones mínimas de salubridad e higiene, resolvió proceder a la ejecución subsidiaria de lo ordenado, dando audiencia a los interesados y adoptando cuantas medidas sean precisas para restablecer las condiciones de conservación necesarias y adecuadas".

Es por ello, que "lamentando los hechos acaecidos, el Consistorio aclara que lleva años intentando solucionar un problema que está generando numerosos riesgos no solo para la salud pública, sino también para la seguridad de las personas, pero cuya resolución definitiva se encuentra en manos de la Administración de Justicia".