La oficina de Interpol en Madrid denegó una petición "muy urgente" de la sección de Interpol de Argentina en la que solicitaba la detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas investigadas por la jueza María Servini, entre los que se encuentra el ginecólogo linense Abelardo García Balaguer -acusado por la desaparición de un recién nacido en el Hospital Municipal en 1967- por crímenes cometidos durante el franquismo. Entre los imputados también se encuentran algunos exministros.

Interpol España alega ante su Secretaría General, con sede en Lyon, una resolución de este organismo que le permite no detener a estas personas reclamadas. La sede general de Interpol aceptó la reclamación de la oficina española y no aplicó el distintivo rojo que afecta a la situación de personas buscadas internacionalmente con una orden de arresto.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció horas antes que la Audiencia Nacional denegaría la extradición a Argentina de la veintena de investigados, recordando la Ley de Amnistía de 1977. catalá dijo desconocer el detalle de esa comunicación, pero sí consideró que la Audiencia Nacional dictaría una resolución "muy equivalente" a la que emitió por "hechos similares" en el caso del exinspector Juan Antonio González Pacheco, 'Billy el Niño', y al ex guardia civil Jesús Muñecas, 'capitán Muñecas', cuando rechazó su extradición.

"Hay que estudiar esa orden de Interpol, pero por los antecedentes que tenemos de la Audiencia Nacional por hechos similares de los que ahora hemos tenido conocimiento a través de la prensa, yo creo que la resolución será muy equivalente a la que hubo anteriormente, que es denegar la entrega porque son delitos prescritos en España y hay una Ley de Amnistía", respondió.

El ministro destacó ayer que esta norma, aprobada por unanimidad en 1977, "intentó superar una etapa trágica de nuestra historia pero totalmente superada".

Ante esta situación, el abogado Carlos Slepoy, uno de los impulsores de la querella investigada en Argentina por crímenes cometidos durante el franquismo, denunció la "artimaña" llevada a cabo por el Gobierno de España para no detener a estos imputados y "proteger" a estos "criminales".

El abogado afirmó que todavía queda abierta la posibilidad de que la jueza argentina pida la extradición, lo cual obligaría a pronunciarse al Consejo de Ministros. Las víctimas anunciaron que no se quedarán paradas y prevén mantener encuentros con grupos parlamentarios y no descartan presentar sus denuncias de forma "masiva" ante los juzgados españoles.