Gibraltar

Un juez da a dos lesbianas el derecho a compartir una vivienda del Gobierno

  • El fallo desautoriza una decisión del Ejecutivo y sienta un precedente en el Peñón

El juez Anthony Dudley dictó ayer un fallo sin precedentes en Gibraltar al reconocer el derecho de una pareja de lesbianas a alquilar conjuntamente una vivienda del Gobierno. Con esta sentencia, el juez desautoriza la decisión del Ministerio de Vivienda, que había rechazado la solicitud de Nadine Rodríguez de incluir a su pareja sentimental, Alicia Muscat, en el acuerdo de alquiler del piso que comparten.

Con esta petición, Rodríguez buscaba que su pareja, ante cualquier eventualidad que pudiese ocurrirle a ella, siguiera teniendo un lugar donde vivir. Sin embargo, el Ministerio alegó que sólo los progenitores, esposos e hijos pueden ser incluidos en un contrato de alquiler.

La pareja optó entonces por recurrir a los tribunales al considerar que existía una clara discriminación, ya que los homosexuales no pueden casarse en Gibraltar, lo que les deja sin opciones de conseguir el alquiler conjunto de un piso gubernamental.

El presidente del Grupo por la Igualdad de Derechos de Gibraltar (GGR), Félix Álvarez, expresó ayer su satisfacción por este fallo, "el más importante adoptado por los tribunales del Peñón respecto a esta orientación sexual. Tras esta decisión, el GGR hace un llamamiento al Gobierno y al ministro principal, Peter Caruana, para que se reforme la política de vivienda respecto a las parejas homosexuales, y al comité de adjudicación para que revise el caso de la señora Rodríguez y permita que su compañera comparta el piso de forma legítima", puntualizó Álvarez en un comunicado de prensa.

Para el GGR, la sentencia reconoce "la insensatez de una política de vivienda que permite que los dos miembros de una pareja homosexual pidan una vivienda por separado cuando lo que quieren es compartir la misma. Una actitud más lógica beneficiaría a todos dado el limitado número de casas", dijo el presidente.

Por último, Félix Álvarez anunció que el GGR lleva más de cinco meses preparando acciones legales a nivel comunitario contra políticas gubernamentales: "Si es necesario, estamos decididos a recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos y a la Corte Europea de Justicia".

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