La aparición de cadáveres de gatos en una vivienda abandonada del pasaje andaluz de Fuentenueva provocó ayer un revuelo en las redes sociales, sobre todo cuando sacó a relucir la situación en la que se encuentra una anciana de La Bajadilla. Los voluntarios de una protectora de animales denunciaron la situación de estos animales y el hilo se tensó hasta llegar a la supuesta propietaria de la vivienda, que vive en otra pequeña casa en la calle San Sebastián, también ocupada por varios gatos y en una situación de manifiesta insalubridad. 

Según explicaron ayer a este diario vecinos la anciana, de unos 80 años, supuestamente viuda y sin hijos, solía tomar un taxi para ir a la vivienda del pasaje andaluz -a pocos metros- y alimentar a los gatos hasta que, físicamente, se vio impedida por la edad. Unos 15 años lleva viviendo en la casa actual, pero desde hace un año percibieron los vecinos un cambio de actitud en la mujer, más alterado y cada vez más deteriorada físicamente, lo que generó la alarma unido al hedor que emanaba de la casa. Sin embargo no lo denunciaron.

Los testigos apuntan que recibía visitas esporádicas de un familiar y que no acumulaba basura, sino que era la propia que ella generaba, además de ir sumando gatos. Los voluntarios de la protectora de animales, tras intervenir para salvaguardar a los gatos, siguen por solidaridad despejando de enseres y suciedad ambas viviendas de la anciana. 

La concejal de Bienestar Social, Paula Conesa, aclaró ayer tras el revuelo en las redes sociales que el caso estaba controlado pero la burocracia es la que, como es habitual, ralentiza el proceso. Conesa tuvo conocimiento a través de un familiar de la situación de la vecina. Una trabajadora social investigó el caso durante un mes y analizó los posibles factores de riesgo, observando una posible patología detrás de su comportamiento. El 10 de octubre se puso en conocimiento de la Fiscalía para solicitar una intervención, ya que la administración local no puede actuar sin autorización legal al no tratarse de una persona incapacitada a efectos legales. 

El 14 de octubre llegó a Bienestar Social una respuesta de la Fiscalía, de forma urgente, sugiriendo que se tramite la búsqueda de una plaza de residencia en caso de internamiento forzoso mientras se estudia el caso. Conesa indicó que de forma paralela la familia está tramitando su posible incapacidad judicial.

La concejal defendió que el Ayuntamiento necesita una autorización judicial para ingresarla en una residencia, ya que legalmente está capaz y, además, matizó que no actuaron antes porque nadie había alertado. Aprovechó Conesa para agradecer la labor de caridad que están realizando los voluntarios de la protectora entre ambas viviendas de la anciana. En el momento que el Ayuntamiento pueda intervenir hará una limpieza integral y si el juez dictamina que no está para ingreso se le hará un seguimiento asistencial para evitar una recaída. Recordó Conesa que no dispone ni de informes médicos que avalen la rápida actuación.