El caso Algesa da un giro inesperado y polémico. El Juzgado de lo Social acogió ayer el juicio por el segundo despido del exgerente de la empresa municipal de Limpieza, Manuel López, y el exjefe de servicio, Juan José González; después de que éstos fueran detenidos por Vigilancia Aduanera el 24 de abril de 2012 por sacar en vehículos mercancía falsificada del Punto Limpio de Los Guijos que debía ser destruida en estas instalaciones. El abogado de los extrabajadores llamó a declarar como testigo a la actual gerente en funciones de Algesa, Patricia Rodríguez, que está de baja laboral desde el pasado viernes, quien dejó atónitos a los presentes al afirmar que el arresto y despido de la directiva de la empresa se debe a un "montaje político" del PP. Esta testificación llevó al letrado a pedir al juez que los despidos sean declarados nulos y -en caso de rechazarse- mantuvo que de forma subsidiaria sean improcedentes. El abogado del Ayuntamiento, por su parte, defendió en sus conclusiones la procedencia de los despidos y la invalidez de la cláusula del blindaje en el contrato de López. El juicio quedó visto para sentencia tras casi cuatro horas de sesión.

El caso Algesa se inició en abril del año pasado cuando Aduanas detuvo a tres directivos de Algesa -entre ellos también el exjefe de taller, José Manuel Carrillo- con mercancía decomisada saliendo de Los Guijos. El juicio por lo penal en esta causa está pendiente de celebración. No obstante, el equipo de gobierno decidió apartarlos del servicio y, posteriormente, despedirlos. Los afectados interpusieron una demanda contra esta medida y el Juzgado de lo Social dictó sentencia, en diciembre del año pasado, en la que ordenaba al Consistorio a readmitirlos o indemnizarlos. El Ayuntamiento readmitió a López y González, para luego volver a despedirlos; mientras que le abonó el finiquito a Carrillo. Los dos primeros presentaron otra demanda que fue la que se vio ayer en el Juzgado de lo Social.

El abogado de los extrabajadores alegó en primer lugar que existe una caducidad en la notificación de los despidos al haber sido éstos comunicados fuera de plazo. El juez propuso posponer el juicio hasta dictar un auto sobre este respecto; si bien la sesión se celebró finalmente a petición del letrado del Ayuntamiento.

El abogado municipal dejó claro que a López y González se les readmitió con la facultad de volver a despedirlos una vez subsanados los "defectos de forma" advertidos en la primera sentencia. Defendió la procedencia de esta medida achacando a los dos directivos un "abuso de confianza" y una "transgresión de la buena fe". El letrado expuso que los directivos "simularon" la destrucción de la mercancía decomisada en presencia de funcionarios de Adunas y la Guardia Civil. Asimismo, les acusó de sacar dicho material de las instalaciones para "fines desconocidos".

El letrado del Ayuntamiento dijo que los directivos no fueron despedidos por haber sido detenidos, sino por no haber destruido la mercancía como tenían encomendado y sacarla, incluso, en vehículos particulares. El abogado señaló que a López y González se les paga en conjunto 8.700 euros al mes. Añadió que sí existe conformidad en estos salarios pero no en la cláusula del blindaje del contrato de López, firmada en 2005, que estipula una indemnización de 238.000 euros para el exgerente en caso de despido independientemente de la causa. Este anexo fue firmado por el exconcejal de Limpieza del PSOE Javier Pérez Pelayo. "El que haya que pagar esta cláusula incluso si el despido es procedente me aterra. Constituye un abuso de derecho. Es increíble porque ni al consejo de administración de la empresa se le permite concederlo", manifestó el letrado, que abogó por elevar el anexo de este contrato al Ministerio Fiscal para que lo investigue ante un posible caso de "corrupción". El abogado municipal defendió que esa cláusula es nula y que, en todo caso, fija el tope de la indemnización a percibir por López por el despido "global" incluyendo todos los conceptos.

El abogado de los extrabajadores, por su parte, consideró que en la nueva carta de despido se estaban incluyendo "hechos nuevos" ya que en la primera sólo se alegaba como motivo la detención y ahora se les achacaba el que hubieran simulado la destrucción de la mercancía. Asimismo, indicó que si se trataba de corregir "defectos de forma" se podía hablar de "hechos ya juzgados", ya que el juez "sí entró en el fondo de la cuestión" en el primer fallo y el Consistorio "no lo recurrió", por lo que los despidos deben ser "improcedentes".

El letrado de los exdirectivos argumentó que Algesa no se dedica a destruir mercancía sino a transferirla. Aseguró que cuando sus clientes fueron detenidos llevaban parte de la mercancía al vertedero de Los Barrios para destruirla y otra parte para donarla, una práctica esta última -dijo- que ya se había dado en otras ocasiones. El abogado afirmó que el Ayuntamiento había aprovechado los arrestos para despedir a los directivos "por motivos económicos", entre ellos el no tener que pagar la cláusula al exgerente.

El abogado afirmó que, según los estatutos de Algesa, el consejero delegado tiene facultades plenas para firmar los contratos. Dijo que la cláusula debe abonarse sin perjuicio de los otros conceptos que le correspondan a López. Asimismo, destacó que en el nuevo convenio colectivo firmado en Algesa, posterior a la primera sentencia, se recoge que en caso de una sentencia firme penal se respetará el puesto de trabajo del condenado sin poder ejercitarse el despido. "Ya se conocían estos hechos cuando se aprobó el convenio, por lo que la misma empresa se limita en este sentido", manifestó. Asimismo, consideró un "brindis al sol" el llevar ante la Fiscalía el blindaje al entender que el Ayuntamiento ha tenido tiempo suficiente para investigarlo.

Una vez las partes plantearon sus argumentos, llegó el turno de los testigos. El letrado del Ayuntamiento llamó a declarar al concejal de Limpieza, Bernabé Ramírez, que actualmente ejerce como consejero delegado de Algesa y como gerente accidental. El edil del PP dijo desconocer si en el Punto Limpio se puede destruir mercancía y que era la primera vez en su mandato que se mandaba material decomisado. Añadió que se enteró de las detenciones esa noche por la llamada de un periodista cuando se encontraba reunido con vecinos de El Rinconcillo. Ramírez aseguró que desconocía la existencia del blindaje de López y que los despidos fueron aprobados por el consejo de administración. Apuntó que sólo dos veces de "forma puntual" se había donado material del Punto Limpio, pero que nada tenía que ver con decomisos como en este caso; y que no podía saber a dónde se dirigían con la mercancía los directivos cuando fueron detenidos.

Un responsable de Transportes Toledo, encargado de la destrucción de la mercancía al contratarla con Aduanas, también testificó. Señaló que la mercancía fue cargada en Tarifa en un camión que fue escoltado por un agente de Aduanas y un guardia civil. Dijo que acordó verbalmente la destrucción en Los Guijos con el exjefe de servicio tras descartar el vertedero barreño por el procedimiento utilizado y que era la segunda vez que se llevaba a Algeciras. Una vez en Los Guijos, el material fue metido en un camión de basura de Algesa que era el que debía destruir el material y, posteriormente, se vertió todo en una torba que lo mezclaba con basura y lo depositaba en un contenedor. Esa gabarra tendría luego que ser llevada al vertedero; si bien dijo que los agentes le autorizaron a marcharse al entender que había sido destruida la mercancía.

Por parte del Ayuntamiento también declararon como testigos tres agentes de Aduanas. El primero fue el que custodió el material hasta el Punto Limpio. Aseguró que advirtió que la mercancía debía destruirse y que así se lo aseguraron que lo hicieron y que, una vez vista la operación, no dudó al ser una empresa pública.

Los otros dos agentes participaron en el dispositivo de vigilancia y detención. Relataron que se apostaron al otro lado de la carretera y que observaron la llegada de vehículos así como la manipulación de la mercancía. Que ya por la noche salieron un camión de Algesa, una furgoneta -conducida por la mujer de González- y el coche particular de López y que en ellos encontraron, junto a plantas, sacas con numerosos artículos que habían sido decomisados, entre ellos bolsos y material deportivo falsificado. Afirmaron que su misión era que la mercancía no saliera del Punto Limpio ya que sabían que no había sido destruida, por lo que procedieron a los arrestos en la venta Los Pastores. Uno de ellos señaló, además, que por la dirección que tomaron los vehículos no se dirigían al vertedero.

El abogado de los exdirectivos llamó como testigo a la gerente en funciones de Algesa. Rodríguez aseguró que el día de la detención presenció una conversación en la que López le preguntó a González si había llevado la mercancía al vertedero y que éste le contestó que no porque Aduanas no le dejaba. El exgerente -dijo- le ordenó entonces que lo hiciera sin dilación esa misma tarde; ya que era habitual que por la noche entrara gente a robar material en el Punto Limpio, entre ellos chatarreros e incluso "algún trabajador" de la empresa. La responsable de Recursos Humanos añadió que la empresa no había investigado los hechos, que no participó en los despidos y que sólo los comunicó. "Me dijeron que los echaban porque los habían detenido y que era un escándalo", declaró.

Fue entonces cuando Rodríguez soltó la bomba. "Sé que puede tener consecuencias para mí, pero quiero contar la verdad. Todo ha sido un montaje. Una persona que entra en la empresa vinculada al PP, que trabaja en la planta de transferencia, es la que avisa a Aduanas para que monten el dispositivo. Es lo que me han dicho", testificó. El juez le advirtió entonces de que no se desviara del tema, pero la gerente en funciones continuó: "El concejal de Limpieza me contó que los despidos eran por una cuestión política. El trabajador de Algesa Juan (Antonio) Franco, que iba en las listas del PP, fue el que les dijo que iban a salir de Los Guijos. Ahora está chantajeando para que toda esta información no salga a la luz pública. Bernabé Ramírez no está detrás de este montaje pero sí otros concejales del PP", aseguró Rodríguez que -ante el reproche del magistrado de que estas cuestiones políticas no venían al caso al ser un tema laboral y lo que tenía que hacer era denunciarlo- dijo que ya había acudido a la Fiscalía.

Los últimos testigos fueron dos trabajadores de Algesa. Uno dijo que había escuchado que la mercancía la iban a llevar al vertedero y para donarla. Que esa tarde se produjeron dos incidentes en las operaciones para el traslado, entre ellas una avería de una máquina, por lo que se retrasó la salida.

En las conclusiones, el abogado del Ayuntamiento reclamó la nulidad del blindaje así como que se desestimara la demanda al ser procedentes los despidos ya que, dijo, los exdirectivos "engañaron" a los funcionarios y a la empresa transportista haciendo un "paripé".

El letrado de los extrabajadores, por su parte, solicitó que fueran nulos los despidos por "cuestiones políticas" o, en todo caso, improcedentes. Asimismo, defendió la legalidad del blindaje.