La Aduana de Algeciras contrató el 17 de abril los servicios de una empresa intermediaria de transportes para la retirada y posterior destrucción de una mercancía intervenida en sus instalaciones del puerto de Tarifa. Una compañía que presentó a la entidad estatal un presupuesto que incluía literalmente, por 520 euros, la eliminación de esta carga en el Punto Limpio; y donde, además, se ponía al jefe de servicios de Algesa como persona de contacto de la empresa pública. Un documento al que ha tenido acceso Europa Sur y que se encuentra dentro del expediente del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) confeccionado tras la operación policial que se saldó con la detención de los tres directivos de la compañía municipal. Este informe se halla dentro de las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1, que el equipo de gobierno entregó esta misma semana a los portavoces de los distintos grupos presentes en el pleno.

Además, dentro de dicha documentación, también se encuentra la declaración del propietario de la empresa intermediaria ante los efectivos de Aduanas. El dueño de dicha compañía aseguró a los agentes, tal y como recoge el expediente del SVA, que contactó con el jefe de servicios porque carecía de medios para destruir la mercancía. "Se puso en contacto con una persona que conocía de otra ocasión, de la empresa Algesa, de la que cree que es el encargado. El cual le dijo que podía llevarlo al Punto Limpio de Algeciras en la barriada de Los Pastores que gestiona dicha sociedad, donde procederían a su destrucción de forma gratuita", reza la toma de declaración del propietario de la compañía de transportes.

El tema de la destrucción de la carga es un elemento fundamental en el caso Algesa. De hecho, según recoge el informe del SVA; el jefe de servicios declaró ante los agentes que "él se ofreció a facilitar los medios para destruir la mercancía en el vertedero de Los Barrios". Por su parte, el gerente de Algesa afirmó a Aduanas que "jamás" se habían hecho cargo de material incautado por el SVA, la Guardia Civil o la Policía y que tuviera por destino su destrucción. El responsable de la compañía pública manifestó que "desconocía completamente si alguien recibió contraprestación por la destrucción del material falsificado y, en caso de que existiera, tomaría medidas".

Posteriormente, en su comparecencia ante el juez -documento también en manos del Consistorio- el jefe de servicios "matizó" su declaración ante Aduanas y afirmó que nunca dijo al agente que fuera a destruir la mercancía, "dado que carecemos de maquinaria para la destrucción" y que sólo la transportaban hasta el vertedero.