Los algecireños se olieron algo raro cuando una noche de la feria de 1989 la caseta de Los Rosales, la del Cuerpo Nacional de Policía, apareció cerrada. Policía detiene a Policías sería el titular. Fue la noticia de primera en el real. La investigación del caso Algeciras comenzó en la primavera de aquel año y no fue hasta marzo de 1997 cuando no se cerraron las heridas, justo cuando la Audiencia Nacional condenó a quince de los implicados que colaboraron con una banda organizada para la distribución de droga.
El caso Algeciras, de gran repercusión nacional y que lastró el nombre de la ciudad al narcotráfico, salió a la luz pública en 1990. Se descubrió que tres inspectores y cuatro agentes de la brigada de estupefacientes de la comisaría de Algeciras colaboraban con una banda que traficaba con hachís. La trama fue desmantelada por una investigación de la Brigada de Régimen Interno, adscrita a la Subdirección General Operativa de la Dirección General de Policía, y el trabajo concienzudo del juez Manuel Gutiérrez Luna, hoy presidente de la sección algecireña de la Audiencia Provincial y por aquel tiempo titular del Juzgado de Instrucción número 3 de los de Algeciras.
El Ministerio Fiscal solicitaba 240 años de prisión contra 22 acusados. Las condenas finales ascendieron a 65 años contra 15 de ellos. En el juicio también se constataron amenazas, falsedades documentales y otros delitos. El Tribunal Supremo ratificó en diciembre de 1998 quince sentencias del caso que habían sido apeladas mediante un recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley.
‘El lince’
La Audiencia condenó a 18 años de cárcel a tres inspectores de la Comisaría de Algeciras y a penas que sumaban 9 años y 11 meses a otros cuatro agentes. De las 22 personas imputadas en la causa, finalmente quince recibieron sentencias condenatorias. La sentencia final consideraba probada la actividad de narcotráfico desarrollada entre 1989 y 1990 por L. F. G., alias El Lince, que actuaba con miembros del Cuerpo Nacional de Policía de Algeciras, quienes no sólo permitían que se dedicase a estas actividades, sino que además le facilitaban la ayuda requerida. El Lince aparecía como confidente policial, pero en realidad era una tapadera, según se pudo comprobar mediante escuchas telefónicas, vigilancias continuadas y otras pruebas.
La notificación de la sentencia fue recibida con tibieza por las coordinadoras contra la droga, que calificaron de insuficientes las penas impuestas. El Ayuntamiento de Algeciras celebró el 30 de mayo de 1997 un pleno extraordinario durante el cual se declararon personas non gratas a los condenados por el caso. La moción aprobada en el transcurso de la sesión hacía alusión a la alarma social creada por la corrupción policial, la mala imagen ofrecida de la ciudad y el compromiso con la lucha contra la droga del Ayuntamiento y las coordinadoras.