El 5 de agosto de 2017 Kisko, Esther, Fran, Irene, Sara, Juan Antonio, Dani y Mari Luz cenaban en una mesa situada en la zona trasera del establecimiento 100% Fun sobre las 19:30, antes de comenzar el servicio de un sábado que se preveía muy agitado. Sin embargo, una deflagración del transformador junto al que estaban sentados lo cambio todo. Sara Ojeda y Mari Luz Morillo fallecieron pocos días después por la gravedad de las quemaduras en el 90% del cuerpo y los demás sufren, dos años después, severas secuelas y el abandono por parte de la propiedad del hotel, del la compañía eléctrica y de la Junta de Andalucía. Ante esta situación, se concentrarán esta tarde a las 20:00 en Tarifa para levantar la voz y que su caso no caiga en el olvido.

A raíz de ese accidente, y para canalizar todas las actuaciones encaminadas a esclarecer el suceso, se constituyó la Asociación de Afectados por el Accidente del Transformador 29272 en Tarifa, presidida por Juan Ramón Ojeda, padre de Sara, una de las dos fallecidas. Dos años después, el caso sigue en fase de instrucción, sin que nadie se haya hecho responsable de las secuelas que acarrean los seis supervivientes ni se haya reparado el daño causado a los familiares de las dos fallecidas.

El resumen de estos dos años es fácil: ni una respuesta. “Eso es lo que vamos a denunciar en el escrito que se leerá en la concentración. Vamos a denunciar la falta de apoyo de la Junta de Andalucía a pesar del compromiso que adquirió en octubre de 2017, con la aprobación de una proposición de Inmaculada Nieto (IU) por unanimidad. Nos iban a apoyar y a mantenernos informados sobre las investigaciones y hasta la fecha no han hecho nada. No tenemos ni apoyo ni respuesta. No responden a los escritos relativos al accidente ni a nuestra petición de actuaciones para evitar para que esto se vuelva a repetir”, lamenta Juan Ramón Ojeda.

“En febrero remitimos un escrito solicitando que revisaran los protocolos de inspección de los transformadores porque son ineficaces. La anterior delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Gema Pérez, dijo que el transformador había pasado todas las revisiones y no presentaba anomalías. Sin embargo, el informe del centro de prevención de riesgos labores, dependiente de esta delegación, detectó varias deficiencias, muchas de ellas muy graves. No recibimos repuesta y decidimos recurrir al Defensor del Pueblo Andaluz”, explica sobre el papel de la Junta.

La denuncia de los afectados también se dirige a Endesa, responsable del transformador. “La compañía no está colaborando con el proceso judicial. A los pocos días del incidente dijeron que no se correspondía con un fallo eléctrico y que iban a abrir una investigación de lo que había pasado. Tienen toda la información y medios humanos y económicos para hacerlo y libre acceso al transformador, que está en un almacén de una subcontrata. No sé a qué están esperando para entregar el informe al juzgado. Quizás no les gusta lo que han descubierto”, afirma el representante de los afectos.

Para el procedimiento que sigue el Juzgado de Instrucción número 4, los afectados han tenido que contratar el asesoramiento de un ingeniero. “Está estudiando toda la información que aporta Endesa, que nunca la han facilitado a la primera, ha tenido que insistir el abogado, y el informe señala que el transformador sufría en época estival sobrecargas diarias y no tenía elementos de protección desde 2013”, explica Ojeda.

“Creemos que la compañía no ha actuado bien porque cada vez que un cliente solicita un enganche a un transformador, debe emitir un informe sobre si soporta nuevos clientes. Y eso lo hemos pedido porque un ingeniero nos está asesorando. Creemos que la Administración debería hacerlo porque es su responsabilidad. En cambio, somos nosotros con la escasez de recursos que tenemos los que lo hacemos. Y es gracias a los vecinos de Tarifa y de Navalmoral de la Mata (de donde es Daniel Domínguez, uno de los afectados), que están haciendo muchas aportaciones. Estamos súper agradecidos porque no han parado los gestos solidarios. Si no fuera por el apoyo económico que estamos recibiendo, tendríamos que haber pedido préstamos al banco para pagar abogados e ingenieros”, continúa el presidente de la entidad.

Los afectados echan en falta el interés de las partes implicadas en el accidente: “Ni la compañía eléctrica ni el hotel se han interesado. Solo la directora se puso en contacto conmigo por la amistad que tenía con mi hija. Pero del resto, ningún responsable se ha dirigido ni a mí ni a ninguno de los afectados”, lamenta Juan Ramón Ojeda.

Dos años después, los seis supervivientes no pueden hacer vida normal. “Y no lo van a poder hacer nunca. Algunos todavía están pendientes de operaciones. Y no solo ha afectado a los chicos, sino a familias enteras. Algunos padres, por su situación psicológica, no son capaces de afrontar un trabajo”, destaca el representante.