No cabe duda de que la victoria Fabián Picardo al frente de la coalición formada por el GSLP y los Liberales en las elecciones celebradas el pasado día 12 en Gibraltar facilitará las negociaciones para un acuerdo de integración ‘ad hoc’ de la colonia británica en la UE. Ese posible pacto, a su vez, se verá también favorecido si, como parece, Pedro Sánchez logra ser investido presidente del Gobierno de España. Partiendo de la base de que el proceso de diálogo se desarrolla entre la Comisión Europea y Reino Unido, ni Sánchez ni Picardo tienen por sí solos capacidad de decisión respecto a la firma de un tratado internacional sobre la cuestión, pero no nos equivocaremos si deducimos que nada será aprobado con el criterio contrario de uno de los dos y que todo lo que se acuerde será con su anuencia. España se garantizó en la UE su derecho de veto sobre ese tratado si consideraba que sus intereses quedaban lesionados y el Peñón tiene el compromiso de Londres de que no se suscribirá documento alguno en contra del criterio del gobierno llanito. "Pedro, ya es hora de que tú también formes Gobierno y de que juntos culminemos el tratado que empezamos", ha proclamado eufórico y a los cuatro vientos el recién reelegido ministro principal, si bien desconocemos si alguna vez ha mantenido contacto personal, siquiera telefónico, con el mandatario español en funciones al que ahora tutea.

Conviene, sin embargo, contener el entusiasmo y no dejarse llevar por un optimismo contagioso, por más que los alcaldes de La Línea y San Roque hayan corrido a sumarse de inmediato a la fiesta de su común “amigo” Fabián. Hay una razón de peso: los intereses de España y del Campo de Gibraltar son muy diferentes de los de Reino Unido y Gibraltar. Podemos decir que unos y otros se aproximan o, como mucho, que son tangenciales, pero no hay base para defender ni que sean comunes ni tampoco compartidos. Entre otras cosas porque, de ser así, no llevaríamos trece o más rondas de negociación, desarrolladas a lo largo de los dos últimos años, más múltiples reuniones bilaterales.

Hasta la fecha y como hemos venido contado durante ese periodo en ‘Europa Sur’, las diferencias se mantienen en aspectos clave: la armonización fiscal de la colonia con su entorno geográfico más cercano (es decir, con La Línea y con el resto del Campo de Gibraltar), el sistema de control de las fronteras exteriores, el uso militar del puerto y aeropuerto, el contrabando de tabaco, la transposición de la normativa medioambiental de los 27 al Peñón o la igualación de las pensiones de los trabajadores españoles con las de los llanitos, de tal forma que a igual trabajo e igual tiempo de cotización cobren lo mismo unos y otros.

De partida, desterremos la idea de que los intereses de los campogibraltareños (si me apuran, los de los linenses) distan de los del resto de españoles en lo tocante a Gibraltar. Cuando la UE y España exigen que las operaciones de búnkering en las aguas circundantes a la Roca se rijan por las mismas normas de seguridad y medioambientales que las que rigen al otro lado de la bahía, están combatiendo la competencia desleal y protegiendo los intereses de las empresas españolas; otro tanto ocurre cuando se reclama que exista una nivelación fiscal a ambos lados de la Verja o cuando se pide que los jubilados españoles perciban la misma pensión, puesto que no son menos que sus vecinos. En cuanto al tabaco de contrabando, es improbable que entre las personas honradas pueda haber alguien que defienda la ruina de los estanqueros y la pérdida anual de decenas de millones de euros en impuestos defraudados a la Hacienda española.

En cuanto a la situación de los transfronterizos, es una falacia sostener que el Brexit haya dificultado su paso por la Verja, ya que, como se ha demostrado de forma reiterada, nada impide que los trabajadores españoles entren en Gibraltar y regresen a España de forma ágil a través del sistema de frontera inteligente, que deja de serlo cuando al otro lado se reducen sin explicaciones y solo para los españoles los carriles de acceso o de salida. La cuestión es más seria, si cabe, en lo tocante al control de las fronteras exteriores por parte de las autoridades españolas, que en caso de supresión de la Verja quedarían situadas en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar, porque, en ese caso, afectaría a la seguridad y a la soberanía nacional. Y con ninguna de las dos cosas conviene frivolizar.

Permanezcamos atentos y alejados de quienes, con tal de pasar a la historia como los protagonistas del derribo de la Verja, aspiran a hacerse la foto, con la piqueta en las manos, y cerrar un tratado de mínimos que deje sin abrochar de forma conveniente asuntos capitales que pueden marcar de forma especialmente negativa el futuro del Campo de Gibraltar. Para firmar un mal acuerdo hoy, mejor quedarse como estamos. A buen seguro, ya vendrán ocasiones mejores en el futuro para sentarse a dialogar.