El pasado viernes, un incendio en un edificio de viviendas de Valencia, que se desarrolló con una velocidad y una voracidad vertiginosas, provocó la muerte de diez personas y ocasionó enormes daños. Aunque la investigación de las causas está todavía sin concluir, las declaraciones realizadas hasta ahora por los técnicos, incluidos los responsables de los bomberos que participaron en la extinción, y las imágenes que se pudieron ver en las redes sociales y en todas las televisiones evidencian que la fachada actuó como conducto que permitió la rápida propagación de las llamas. La utilización de poliuretano y las cámaras de ventilación para facilitar el aislamiento térmico de los pisos actuaron, según estas primeras versiones, como auténticas chimeneas que convirtieron el incendio en incontrolable en muy poco tiempo. Los juzgados depurarán en su momento las responsabilidades penales y civiles que se deriven de este grave accidente. Pero lo ocurrido en Valencia debe servir para que se extreme el rigor de las ordenanzas de construcción y para revisar todos los edificios ya construidos con estas soluciones técnicas. Al Estado, tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas, le corresponde tener una legislación que sirva como marco para que los ayuntamientos puedan extremar los controles antes de conceder la correspondiente licencia de obras y luego verificar que los trabajos se han hecho de acuerdo con lo planificado. Valencia también ha puesto de relieve la necesidad de que las grandes ciudades cuenten con unos equipos de bomberos altamente especializados y dotados de medios modernos y tecnificados. La actuación que desarrollaron en este siniestro y la profesionalidad que demostraron ha evitado que el número de víctimas fuera todavía más elevado. Toda la inversión que se dedique a mejorar la seguridad de las viviendas será un dinero bien gastado. Lo fundamental es evitar que tragedias de este tipo se repitan.