Begoña Gómez, la campaña y la Justicia

En su segunda carta, Pedro Sánchez da una respuesta populista y trufada de victimismo al auto del juez en el que llama a declarar a su esposa el 5 de julio

La decisión del juez de Madrid Juan Carlos Peinado de imputar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios y de llamarla a declarar el próximo 5 de julio ha marcado, como era previsible, el último tramo de la campaña para las elecciones europeas. Si ya antes del anuncio del magistrado, la consulta se presentaba como un plebiscito en torno a la figura de Pedro Sánchez, el auto del magistrado ha contribuido a desvirtuar aún más el verdadero objetivo de esos comicios y emponzoñar un debate que ya de por sí tenía una altura muy baja. La respuesta de Sánchez, en términos de salud democrática, es preocupante. La segunda carta que ha dirigido a la opinión pública, tras la del pasado mes de abril en la que se tomaba cinco días de reflexión, es un cúmulo de eslóganes políticos, trufados de populismo y de una victimización pueril, en los que mezcla de forma consciente lo personal con lo institucional. El presidente del Gobierno tiene mecanismos sobrados para dirigirse a los ciudadanos y darles explicaciones sin necesidad de estos subterfugios de ínfima categoría, entre ellos una comparecencia en el Congreso o una rueda de prensa abierta a preguntas. Se puede discutir la oportunidad del auto del juez Peinado, pero la Justicia no tiene por qué acompasar sus ritmos a las circunstancias, siempre tensas en España, de la política. El magistrado está investigando unas actuaciones de Begoña Gómez en las que ha encontrado indicios suficientes como para iniciar una instrucción penal, a pesar de los intentos de la Fiscalía y de la Guardia Civil para desactivarlos en origen. Es cierto que esa investigación parte de una denuncia presentada por una organización, Manos Limpias, con un nulo prestigio social. Pero hay hechos, que han trascendido a los medios, que deben ser aclarados porque se salen claramente de lo que sería el comportamiento normal de la esposa del presidente del Gobierno. A ello, con profesionalidad y sin presiones, debe dedicarse el juez.

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