En los últimos días se han producido dos declaraciones que añaden inquietud sobre el futuro de las consecuencias para Europa del conflicto abierto por Rusia con la invasión de Ucrania, hace ahora dos años. Primero fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien en una reunión informal con dirigentes europeos planteó la posibilidad de que los países de la UE se implicaran directamente en la guerra con el envío de tropas a Ucrania. Macron hizo la propuesta desde la convicción de que Europa está ya en situación bélica y no puede dejar que Rusia gane en Ucrania porque sus siguientes pasos ofensivos podrían afectar a territorio de la UE y la OTAN. Ningún dirigente europeo ha apoyado la idea de Macron, pero el mero hecho de que el principal mandatario de una potencia de la importancia geoestratégica de Francia la ponga encima de la mesa refleja la gravedad de la situación. Horas después era la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, la que en una declaración en el Parlamento de Estrasburgo propuso una acción coordinada de rearme de los países de la UE y que se usaran para ello los activos congelados como consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia. Según Von der Leyen, la compra masiva de armas es necesaria porque “la amenaza de guerra puede no ser inminente, pero no es imposible”. El aniversario del ataque ruso a Ucrania y la evolución de la guerra ha supuesto un aumento de las tensiones en Europa. Una situación que se ve agravada por las enormes posibilidades de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca a principios de 2025 y profundice en las políticas aislacionistas que ya puso en marcha en su primer mandato. En este contexto, es lógica la alarma europea. La necesidad de que el continente cuente con sus propios mecanismos de protección se hace más evidente que nunca. Es un movimiento de legítima defensa.