Okupas malditos

Quiero felicitar a los okupas por la posible jurisprudencia derivada de esa sentencia del Supremo que obliga a unos dueños a indemnizar a los okupantes de su propiedad, en concreto por lo gastado en el mantenimiento de lo usurpado. Cómo va a haber seguridad en un país en el que se allana una casa y encima pagamos a los delincuentes. Insisto, le sentencia obliga a la devolución al erario público de una residencia ocupada desde 1938, destinada al servicio de la Jefatura del Estado y usada como vivienda particular e incluso reclamada, legalmente, precisamente, por esta familia que la ha disfrutado tan largo periodo de tiempo, dicen que implícitamente reconocida como privada sin serlo.

Si la sentencia confirmada obliga a la devolución, es porque reconoce la ilegalidad del uso; acceder a indemnizar por el mantenimiento es entrar en contradicción con el contenido de la propia sentencia. Si no hubo mala voluntad, ¿por qué habríamos de devolver el dinero que han disfrutado ilícitamente? Y ya es mucho suponer que no hubo mala fe, ¿sin documentos de propiedad, sabiendo los pormenores de una causa que el propio Tribunal considera suficiente como para haberlos declarado okupantes ilegítimos, obligados a devolver esa propiedad?

¡Cómo es posible que hagamos devolver a los herederos de Franco el Pazo de Meirás con una sentencia firme y, a la vez, tengamos que pagarles por haberlo disfrutado! La Justicia española debería ir pensando si las facultades de Derecho y los temarios de oposiciones han perdido el sentido común, por mucha teoría que obliguen a aprender; porque hay algo que se nos escapa, el delito se mide por los hechos, pero también hay unas causas y unas consecuencias que son parte de la Justicia...

Si yo fuera abogado de una familia okupa con menores de una vivienda sin uso, por necesidad y sin violencias ni forzamientos, por tanto sin voluntad de más daño que la protección y el derecho a la vivienda, cada vez que saliera de una pediría el pago de cuanto se hubiera gastado durante la okupación y una indemnización por su mantenimiento, ¿o es que el Pazo o los Franco son entes superiores?

Lo triste es que éstos que meterían en la cárcel a los okupas, que exageran el problema hasta convertirlo en un negocio de seguridad, quienes obvian el debate por la coexistencia de los derechos constitucionales, estarán encantados con pagar a estos... rentistas.