Hace apenas un par de semanas decidí dedicar esta columna a algunas reflexiones sobre las leyes que tres Comunidades Autónomas habían promulgado con el objeto de dificultar la recuperación de la memoria histórica, blanquear la dictadura franquista y entorpecer el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática que requiere la cooperación leal de otras administraciones públicas.

Me van a perdonar que vuelva al mismo tema con muy poco transcurrido, pero como profesor de derecho internacional creo que se ha producido un acontecimiento que requiere también algunas reflexiones. Me refiero a la publicación de un informe por parte de Naciones Unidas en el que se denuncia que mediante estas leyes España puede incurrir en responsabilidad internacional por representar graves obligaciones de las responsabilidades del Estado en relación con el derecho internacional vigente y en particular, con la normativa de protección de derechos humanos.

Recordemos que el ámbito internacional la responsabilidad es siempre del Estado, aunque el hecho ilícito se haya cometido por administraciones descentralizadas. El informe de la ONU está firmado por el relator especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición; la relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. Los tres relatores de la ONU aseguran que “las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”.

El informe recuerda las obligaciones internacionales adquiridas por España al ratificar diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos e insiste: “Todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de Gobierno, cualquiera sea su nivel –nacional, regional o local–, deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos y garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos”.

Ya con anterioridad España había sido objeto de informes críticos en relación con sus responsabilidades internacionales sobre memoria histórica pero quizás este informe sea el más claro y contundente. Me ha llamado la atención que líderes del principal partido de la oposición en vez de estudiar el informe, repensar su estrategia y evaluar la situación ha arremetido con furia (e ignorancia) contra Naciones Unidas. Mal presagio. Todos somos conscientes de las debilidades e insuficiencias de la principal organización de gobernanza internacional, pero sigue siendo, al menos, un referente jurídico y moral. Pero al parecer, no para todos.