UNA lectura española de los resultados en las elecciones celebradas ayer en Portugal pone a los líderes políticos nacionales ante el incómodo espejo luso. El recuento dio una victoria a los tres partidos que van del centro a la derecha: la coalición Alianza Democrática (integrada por el PDP-PSD y el CDS-PP) fue la más votada y obtuvo 79 escaños; los liberales de IL obtuvieron 8 asientos, y la extrema derecha nacionalista portuguesa de Chega 48 diputados. La suma de los tres rebasa ampliamente la mayoría absoluta. La misma que pierde la izquierda. El PS deja atrás el contundente resultado de Antonio Costa hace dos años, aunque aguanta con casi el mismo porcentaje que el vencedor y dos escaños menos, 77. 

Los dos candidatos con opciones de gobernar prometieron en campaña evitar que la ultraderecha de Chega –el que más ha crecido– gobernase. Luís Montenegro, líder de AD, tendrá que refrendar que no formará gabinete con los ultras. Mientras el socialista Pedro Nuno Santos ya ha ratificado que será oposición y que  no se opondrá al programa de Gobierno de Montenegro (la sesión equivalente a la de investidura en España). 

Son estas firmes posiciones las que producen un reflejo incómodo para los líderes españoles de PP y PSOE. Alberto Núñez Feijóo  pactó con Vox en todas las autonomías en las que necesitaba su apoyo y desvirtuó el discurso de que ser la alternativa a Sánchez sin que gobernase la ultraderecha española. El resultado es conocido: su investidura fracasó, precisamente por estar apoyada por los de Abascal, tras un resultado peor al esperado. 

Mucho peor refractada queda la imagen de Pedro Sánchez, al que no se le ha ocurrido dimitir al primer atisbo de corrupción en su Gobierno –como hizo Costa–, pese a que accedió al poder a través de una moción de censura –defendida irónicamente por José Luis Ábalos– para ser alternativa a la corrupción. Pero sobre todo, la coherencia de su tocayo luso muestra en el espejo la falacia de que Sánchez gobierna para evitar que lo haga la ultraderecha. Lo hizo exclusivamente para no perder el poder. El gobernante español prefirió materializar una transacción corrupta con la derecha insolidaria y xenófoba catalana: siete votos a cambio de impunidad penal.