Europa pide al Gobierno en funciones un informe sobre la ley de amnistía que registrará en breve y el Gobierno en funciones contesta que leyes como la amnistía emanan del Poder Legislativo, no del Ejecutivo, aunque no se sepa ya cuál es cuál. Este es un país democrático, oiga, dice el Gobierno, y la amnistía solo puede salir de la sagrada palabra de las Cortes, la casa del pueblo, que, por cierto, anda mosca. Bolaños le dice a Reynders que, en cualquier caso, si –oh– acaban por presentar una hipotética amnistía, facilitará toda la información que haga falta. El ministro envía la carta y uno se lo imagina partiéndose la caja y pidiendo un Mcdonald’s para los tres monos a los que tiene poniendo comas en la proposición de ley. Es un vicio en el que caen aquellos que han adquirido por costumbre reírse de todo el mundo: ya no saben diferenciar entre hacerlo con los de arriba y los de abajo.

Zweig dice en Fouché que un cargo es tan solo lo que un hombre hace de él. Los de presidente y ministros llevan tiempo limpitos de sospechas de corruptelas para sacar panoja, aunque pidan perdón a quienes la malversaron, pero desprenden el tufillo de quienes venderían a su madre por mantenerse en el poder. Sánchez ha aprendido de la escuela Fouché que, en política, el interés propio debe estar siempre por encima de los ideales si se busca la perpetuidad, y es proverbial que la causa colectiva a menudo goza de una moralidad más consistente que la causa particular.

Uno prefiere renegar de predicciones catastrofistas, de dictaduras coladas por la puerta de atrás y de golpes de Estado, porque la banalización de la Historia crea sociedades ignorantes. Pero el uso que un demócrata hace del sistema para implantar su democracia no carece de peligrosidad, porque nunca está de más colocarse en la parte alta del ranking de salud democrática.

Además de una amnistía a quienes de manera justa fueron condenados por el procés, el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts pone sobre los jueces la sospecha de la prevaricación. Se investigarán en diferentes comisiones parlamentarias si el magistrado que juzga a Gonzalo Boye por travesear con cocaína junto a Sito Miñanco lo hace simplemente por ser el abogado de Puigdemont; o si el juez que condenó a Laura Borràs por trocear contratos se basó en un hipotético odio al independentismo para dictar sentencia. Se denuncia la judicialización de la política y se acaba de iniciar un camino descarado hacia la politización de la Justicia que terminará por no llevar a ningún sitio, pero que demuestra algo ya de por sí pernicioso y que sienta peligrosos precedentes: se puede ser presidente en una democracia mutilando los principios por los que se rige.