Alto y claro

José Antonio Carrizosa

jacarrizosa@grupojoly.com

Fronteras difusas

El caso de Begoña Gómez, muestra, otra vez, la difusa y mal dibujada frontera entre política y justicia

Mal va a terminar la campaña para las elecciones europeas. Pedro Sánchez se ha abonado definitivamente al populismo barato, al estilo de que se ve utilizar a Donald Trump en Estados Unidos a cuenta de su veredicto de culpabilidad en el caso de la actriz porno. El caso de Begoña Gómez ha sacado lo peor de una política que ya se movía en los terrenos de la podredumbre. Sánchez ha decidido utilizar la investigación judicial contra su mujer en su propio beneficio, haciéndose la víctima hasta extremos que producen vergüenza ajena, en el convencimiento de que ello moviliza a un electorado que está apático. Ese es el objetivo de las dos epístolas a los sanchistas que lleva escritas y que constituyen un monumento a cómo se juega a confundir lo personal con lo institucional con el más absoluto de los descaros.

Pero esta no es la única derivada de un asunto en el que todo apunta al disparate: desde la propia actuación del magistrado hasta la actitud adoptada por la Fiscalía y el rápido informe exculpatorio de la Guardia Civil. Lo de menos parece que es averiguar si las actuaciones de la señora que duerme en el Palacio de La Moncloa incurren en figuras delictivas o son muestras, como defiende su insigne marido, de un intachable quehacer profesional que la reivindica como mujer independiente y con su propia carrera. Lo importante de este caso es cómo se utiliza en función de los intereses de los unos y de los otros.

Ahí está otra clave importante del asunto. Sin cuestionar las atribuciones que tiene un juez en la investigación penal de un caso y su libertad para hacer públicas sus resoluciones cuando estime conveniente, parece lícito preguntarse por qué las cosas han ocurrido como han ocurrido. El magistrado hace público un auto que va a condicionar inevitablemente el tramo final de la campaña electoral y lo suelta como una bomba. Si lo hubiera dado a conocer el próximo lunes, con las urnas ya alejándose, no hubiera alterado ni las condiciones de la investigación judicial ni las garantías de defensa de la investigada. La pregunta es inevitable.

Pero no es la primera vez que vemos comportamientos similares. En Andalucía, por ejemplo, se podrían citar varios casos comparables durante la larguísima instrucción de los ERE. El problema deriva de que las fronteras entre la política y la justicia muchas veces aparecen difusas y mal dibujadas. Una de las peores cosas que le puede pasar a una democracia.

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