Fraude en oposiciones y filtración de respuestas

La eterna polémica en las oposiciones a la Policía Local ha vuelto a poner en primer plano una situación que afecta a muchos Ayuntamientos de la geografía nacional: La falta de confianza en procesos selectivos relacionados con la Administración pública. Una de cuatro denuncias en la Agencia Antifraude tiene que ver con las oposiciones a la Policía Local.

La reciente sentencia de la Sección de la Audiencia Provincial en Algeciras lo confirma. El fallo condena al ex jefe de la Policía Local de Tarifa en 2020, quien era presidente del tribunal de oposiciones para diez plazas y encargado de la custodia de las respuestas solo conocidas por él y los restantes miembros del tribunal. Al tenerse conocimiento de que dicho ex jefe pudo haber filtrado las respuestas a un grupo de opositores conocidos, el resto del tribunal lo puso en conocimiento del alcalde, quien actuó de forma correcta: suspendió las pruebas y denunció los hechos por los que ahora se ha dictado sentencia condenatoria hacia el ex jefe por delito de descubrimiento y revelación de secretos. El procesado reconoció los hechos.

Casos parecidos se han dado en otras provincias. En Alicante hubo 60 aprobados de 92 candidatos que tenían algún vínculo con agentes, políticos o contratistas municipales que llevaron a suspender la convocatoria; en Granada, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo anuló las oposiciones para cubrir ocho plazas de subinspector de la Policía Local de la ciudad al probarse que fueron un fraude porque cinco de los aspirantes se aprovecharon de una filtración del tribunal para obtener el aprobado, dejando sin validez el examen, cesando en sus puestos y volviendo a ser agentes. Igual sucedió en Sevilla años atrás, donde se juzgó a varias personas por estos mismos hechos.

La pregunta que está en la calle, aunque silenciada, es si existe limpieza en unas oposiciones en las que hay unos vínculos tan claros con personas con responsabilidades en el propio cuerpo o en la Administración.

En Algeciras, en las recientes oposiciones a 63 plazas de la Policía Local, cuando comenzó la fase de las pruebas parte del tribunal propuso la destitución de las dos psicólogas, también integrantes del órgano evaluador. Se acordó por decreto municipal su cese y se encargó a otra psicóloga, también empleada municipal, que revisara “todos los ejercicios realizados por los opositores que fueron declarados provisionalmente como no aptos en la prueba psicotécnica”. Esto es, no se suspendió la oposición de todas las plazas hasta nueva evaluación psicotécnica, sino a la de solo los escasos “no aptos”.

Desconozco, por no existir información oficial, si ha existido o existen procedimientos judiciales en marcha, Pero lo inexplicable es que solo se acuerde revisar a los no aptos y no a la totalidad.

En todos los casos citados queda la duda que, además, provoca un doble daño. Primero, para el ciudadano, que acaba perdiendo su confianza en la Administración, y, segundo, para el opositor que se ha sacado su plaza limpiamente, tenga o no algún tipo de vinculación con agentes o cargos públicos.

Para evitarlo, se podría sustituir el sistema para, en lugar de componer los tribunales con personal municipal, se designaran desde la Administración autonómica -que es en definitiva quien controla los procesos de todos los Ayuntamientos- a personal ajeno a la Administración local. Eliminaría el sesgo localista que actualmente tienen este tipo de pruebas. Y, por supuesto, y en todo caso, con abstención de quien sea amigo o pariente de un opositor.

Así podría empezar a generarse mayor confianza en los administrados y se cumpliría el axioma de que en la Administración solo se accede en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en la Constitución y el Estatuto del Empleado Público.