Las asociaciones de afectados por el amianto se unen en Andalucía

Asociaciones de afectados por el amianto de Cádiz, Sevilla y Málaga se unen para reclamar a la Junta que asuma sus competencias y dé celeridad a la emisión de informes médicos que necesitan para solicitar las indemnizaciones previstas por el Gobierno central en el Real Decreto 483/2025 del pasado verano. Esta norma tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre. Ya ha habido una primera concentración de la entidad sevillana –Avida Andalucía– en la capital hispalense y se anuncia un calendario de movilizaciones respaldado por las otras dos entidades y los sindicatos.

La Asociación del Sector Naval de Afectados por el Amianto Bahía de Cádiz, con sede en San Fernando, estima que solo 4 o 5 asociados podrían beneficiarse de las ayudas previstas en el Real Decreto con las condiciones que la norma fija para acceder a ellas. Una es el reconocimiento de la enfermedad profesional. Unos 45 integrantes lo solicitaron a través de un abogado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y casi todas las solicitudes fueron denegadas. "Menos a quienes tienen reconocida la incapacidad absoluta, porque el dinero es el mismo que si tienes reconocida la enfermedad profesional", precisa Juan Torres, secretario de la asociación. El otro requisito, que este dirigente llama "complicaciones", es una espirometría muy baja, del 55%, "que es necesitar oxígeno en casa". "Aunque pidamos la compensación, nos va a venir denegada con lo que exige el Real Decreto", lamenta.

A pesar de no cumplir esos requisitos, desde la asociación de Avida les conminaron, tal y como les habían recomendado los sindicatos, a pedir el informe médico que debe emitir la Junta Andalucía. "Algunos no lo han solicitado, pero la mayoría lo hemos hecho por internet o a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Cádiz", detalla el secretario de la asociación gaditana –que tiene entre sus integrantes a familiares de ex trabajadores de los astilleros de la bahía también afectados, a antiguos empleados del sector aeronáutico o de la construcción–. El objetivo es rebajar las estipulaciones fijadas por el Gobierno central para acceder a las indemnizaciones.

Las organizaciones y los sindicatos reclaman al Gobierno central la reforma del Real Decreto

Sin el documento sanitario no pueden demandar las compensaciones ni quienes cumplen los exigentes requisitos, ni quienes buscan una reforma de la norma que regula el fondo de compensación. Por eso, las primeras reclamaciones se dirigen a la Junta de Andalucía, concretamente a la Consejería de Salud que debe conformar equipos de valoración –como cada comunidad autónoma en su territorio– encargados de emitir los certificados de enfermedad necesarios para reclamar las ayudas. La celeridad que se exige al Gobierno andaluz radica en la vigencia del Real Decreto, que caduca a finales de este mes.

Una norma "insuficiente"

La entidad sevillana recuerda que el primer fondo de compensación se ha creado con 25 millones de euros, una dotación a todas luces para los sindicatos CCOO y UGT "insuficiente", porque deja fuera a la mayoría de los afectados por prescripción o por relegarlos a futuras partidas presupuestarias. Se estima que solo podrían cobrarlo unos 700 trabajadores vivos con enfermedad profesional reconocida, y sin las comisiones de valoración que no se han constituido en la mayoría de regiones y, por tanto, sin los informes médicos estas personas podrían quedarse sin las ayudas. Para las centrales sindicales se trata de "una tomadura de pelo", indica Avida Andalucía en su nota de prensa, porque hasta esta escasa partida prevista podría "ir a la papelera, como los años anteriores".

La asociación demanda también que se convoque una nueva reunión del grupo de trabajo del amianto en el Parlamento Andaluz. Entre otras demandas de este grupo está un informe con el número exacto de afectados y su distribución por provincias, a partir de los registros sanitarios de enfermedades relacionadas con el también conocido como asbesto.

Sin los informes médicos no pueden demandar las compensaciones ni quienes cumplen los exigentes requisitos

La asociación gaditana y los expertos siempre han defendido que en el sector naval los números son mayores a los oficiales, puesto que no solo se trata de las plantillas de las empresas que se han sucedido en los tres astilleros de la Bahía (Bazán, Astilleros Españoles, Izar y ahora Navantia) que se pusieron a disposición de las administraciones, sino también de los empleados de la industria auxiliar que a lo largo de los años desarrollaron su labor en sus instalaciones expuestos a la fibra de amianto. Tampoco se han olvidado de la existencia de perjudicados de otros sectores donde también se manipuló o estuvo presente este material, como la estiba en los puertos, la mencionada actividad aeronáutica o la construcción, e incluso entre los familiares que respiraron el polvo de este mineral que quedaba en sus ropas de trabajo que se llevaban a casa para ser lavadas o entre los vecinos de las zonas industriales.

En el caso de la asociación malagueña se trata de afectados del sector ferroviario. En Sevilla, precisamente, la movilización protagonizada por Avida Andalucía tuvo lugar en el barrio de Bellavista, donde existió una empresa de Uralita "durante más de 30 años que dejó tras de sí a cientos de trabajadores y vecinos fallecidos o con graves secuelas de salud", reza el comunicado. La entidad critica la "dejadez de la Administración" ante la presencia de un vertedero de amianto entre la zona de Fuente de Rey y el Hospital de Valme sin que se hayan tomado medidas. Esta situación potencialmente peligrosa fue uno de los puntos que se trasladó a la comisión parlamentaria en junio de 2023, en la última reunión de este grupo de trabajo.

Esta nueva alianza de las organizaciones de distintas provincias de Andalucía busca presionar, por un lado, a la Junta para que asuma sus competencias y agilice la emisión de los informes sanitarios; y, por otro, al Gobierno central para que reforme el real decreto, con una mayor dotación, para que tenga acceso a las indemnizaciones un mayor número de afectados.