El alcalde de Barbate se prevé reunir con la ministra de Defensa en Madrid

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha recibido respuesta a una nueva carta enviada a la ministra de Defensa, Margarita Robles, emplazándole a una reunión que se llevará a cabo el próximo miércoles, 26 de junio, en Madrid.

Así, el regidor municipal barbateño, ha puesto en conocimiento de los portavoces de todos los partidos políticos con representación en la Corporación Municipal del Ayuntamiento, este encuentro, invitándoles a sumarse a él en esta importante reivindicación del pueblo de Barbate.

En el encuentro, el alcalde, Miguel Molina, prevé presentar a la titular de Defensa, el Plan de Especial Singularidad para Barbate, un proyecto que considera clave para el desarrollo del municipio. Además, pretende abordar la problemática de la “discriminación que sufre Barbate”, ya que, en su opinión, “a diferencia de otros municipios, no recibe compensación alguna por la servidumbre militar de su término municipal”.

Según ha expuesto el alcalde, “esta reunión representa una oportunidad para que Barbate obtenga el reconocimiento y los recursos que merece, en busca de un futuro más justo y próspero para todos sus habitantes”. “Invito a los portavoces a unirse porque este asunto tiene tanta importancia que requiere de la implicación de todo el pueblo, y por ello, queremos estar todos juntos para luchar por los intereses justos del municipio”, ha concluido, Miguel Molina.

El alcalde, ya intentó hace unas semanas reunirse con la ministra en el acceso al Campo de Adiestramiento militar que la Armada Española posee en la Sierra del Retín. Ahí, Margarita Robles le expuso que no tenía previsto ese encuentro y que estaba allí por el desarrollo de unas maniobras militares.

El Plan de Especial Singularidad reclama al estado más de 400 millones de euros

El Plan de Especial Singularidad elaborado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barbate, reclama al Estado, casi 412 millones de euros como compensación por el uso de los terrenos del Retín desde su expropiación en 1982.

En el documento se recogen las graves limitaciones de desarrollo que tiene la localidad que posee un 83% de su término municipal afectado por distintas servidumbres, siendo un 39% exclusivamente para uso militar por el que no reciben compensaciones. A ello, unen la complicada situación financiera que arrastra el municipio desde hace varias décadas, haciéndose todo con recursos propios y a costa de los impuestos de los barbateños.

Solo la Diputación ha respaldado, de momento, esas demandas.