La polémica estalla en La Línea por el futuro de la Residencia de Tiempo Libre y la acusación de privatización

La decisión del Gobierno andaluz de sacar a subasta la gestión de la Residencia de Tiempo Libre de La Línea de la Concepción ha encendido el debate político sobre el futuro de uno de los equipamientos turísticos públicos más emblemáticos del Campo de Gibraltar. Adelante Andalucía ha denunciado lo que considera “un nuevo paso en la política de privatización de servicios públicos” impulsada por la Junta.

El portavoz andaluz de la formación, José Ignacio García, ha criticado con dureza la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la subasta para la gestión privada de esta instalación pública situada en la playa de El Burgo, en La Línea.

Según sostiene el dirigente político, esta decisión confirma la intención del Ejecutivo autonómico de entregar a intereses privados un recurso que durante décadas ha permitido a miles de familias disfrutar de vacaciones a precios asequibles.

“No hablamos de un hotel cualquiera”, ha señalado García. “Hablamos de un equipamiento público que durante décadas ha permitido a muchas familias andaluzas veranear dignamente. El Partido Popular quiere que lo que era un derecho social pase a depender de quién pueda pagarlo”.

La residencia cuenta con 164 habitaciones y capacidad para 533 personas, pero permanece cerrada desde finales de 2023, cuando la Junta decidió dejar de gestionar directamente la red de residencias de tiempo libre alegando su carácter deficitario.

Para Adelante Andalucía, este argumento responde a un patrón que consideran habitual en los procesos de privatización. “Primero cierran los servicios públicos, después los deterioran y finalmente los privatizan. Es el mismo guion de siempre”, ha afirmado el portavoz.

Además, García ha denunciado que la situación también ha afectado a la plantilla que trabajaba en estas instalaciones, señalando que durante años han sufrido precariedad laboral y traslados continuos.

Ante este escenario, la formación exige al Gobierno andaluz que reconsidere su decisión y apueste por la rehabilitación y reapertura de la residencia bajo gestión pública. A su juicio, este tipo de instalaciones nacieron con un objetivo claro: garantizar que las familias trabajadoras y las personas con menos recursos también puedan acceder al descanso y al ocio.

“Estas residencias no estaban pensadas para hacer negocio”, ha concluido García. “Estaban pensadas para garantizar derechos”.