La familia del linense Pedro Guerrero, fallecido a los 54 años en el hospital de La Línea, ha presentado una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la supuesta negligencia médica que originó su muerte tras un mal diagnóstico, un tratamiento farmacológico erróneo y la no realización de una diálisis en abril de 2021.   

El juicio ha sido fijado para el 14 de marzo y el abogado de la familia y de la Asociación del Defensor del Paciente, Francisco Damián Vázquez, reclama 210.000 euros de indemnización. Aportará un informe forense en el que se achaca el fallecimiento a la demora en un diagnóstico, al desacertado suministro de Propofol y Haloperidol y a la avería de la máquina de diálisis, lo que impidió terminar el proceso el mismo día de la muerte. "Podía haberse evitado", explica el forense, que entiende que hubo "una serie de errores" que le llevan a concluir que se produjo una "mala praxis".   

"Todo esto supone un daño moral desproporcionado por la incertidumbre, la afectación emocional y pérdida de calidad de vida; todo ello ocasionado por un error de estrategia y planificación en el medio sanitario en elque el paciente y sus familiares depositaron toda su confianza", se lee en la demanda. 

Los hechos se desencadenaron al día siguiente del ingreso de Pedro Guerrero en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Comarcal de La Línea a causa de una inflamación urotelial (en la vejiga). "A consecuencia de los medicamentos suministrados sufrió un daño neurológico irreversible", explica su hermana, Aurora Guerrero. El hombre falleció a los 23 días y la familia pide Justicia "para que estas negligencias médicas no vuelvan a suceder".

El paciente había acudido días atrás a Urgencias porque sufrió un malestar general con vómitos y diarrea. Le diagnosticaron una gastroenteritis "sin realizarle ninguna analítica, enviándole de nuevo a casa con un tratamiento para esta dolencia, mientras empeoraba su estado de salud debido a un proceso inflamatorio urotelial".

Como en las horas siguientes fue empeorando, acudió nuevamente al hospital. Entonces sí le realizaron las pruebas oportunas y detectaron en las analíticas unos valores de toxicidad muy elevados en sangre, "por no haberlo detectado en su momento", y una obstrucción en el riñón izquierdo.

El hospital de La Línea.

Tras el grave diagnostico, le ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos días después. Al día siguiente, le inyectaron varios medicamentos analgésicos y opiáceos, "según argumenta el SAS, debido a su estado de agitación", relata Aurora. Aquello el provocó una parada-cardiorrespiratoria e inmediatamente un deterioro neurológico del que ya no despertó, hasta fallecer a los 23 días de su ingreso.

"El mismo día en que falleció se dio la circunstancia además de que la maquina de diálisis que mantenía con vida a Pedro, se averió y no la sustituyeron, dejando a su suerte el fatal desenlace. Lo de mi hermano fue un homicidio imprudente, rozando el asesinato", continúa la hermana del fallecido.

Con la muerte de Pedro, la familia comenzó "un duro camino" que le llevó a la Asociación del Defensor del Paciente, cuyo abogado, Francisco Damián Vázquez, presentó primero una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial a la que el SAS no respondió. Seis meses después, tras el silencio administrativo presentó en nombre de la familia la demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras.