En el año 2019, la Junta de Andalucía promulgó un polémico decreto para la regularización de miles de viviendas ilegales repartidas por toda la geografía andaluza (más de 300.000, se calculó que podrían acogerse). Tras un desacuerdo con el Gobierno central que quedó resuelto, el decreto siguió adelante. Pero se ha encontrado, según explica la directora general de Urbanismo, María del Carmen Compagni, “con el rechazo de los propietarios a asumir cargas”.

El decreto buscaba dar solución a un problema enquistado del urbanismo andaluz: la existencia de miles de viviendas desde hace años, muchas de ellas en grandes agrupaciones, que ya no podían ser derribadas al haber prescrito el delito urbanístico y que carecían de servicios. Para estas viviendas se planteó la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO), que permite acceder al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento. Se habilita a los ayuntamientos, por una parte, a impulsar planes especiales y parciales rápidos para dotar de infraestructuras a esas viviendas irregulares, que en la mayoría de los casos están agrupadas. Y se incorporarán las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales.

La cuestión es, ¿quién paga? “Está claro que los propietarios no quieren pagar”, reconoce el director general de Urbanismo de Marbella, José María Morente, pero destaca que el problema tiene que tener una solución porque las viviendas “están allí y generan un problema importante de salubridad”.

El camino, apunta el catedrático de Derecho Administrativo Alberto Ruiz podría ser “la contribución especial. Se podría cerrar una unidad de actuación para los diseminados para la financiación de servicios comunes”.

“Lo daba el decreto”, explicó Morente, “contribuciones especiales mediante planes especiales de infraestructuras. Y después incorporarlos al planeamiento”.

El socio-director de PAU Urbanismo, Gerardo Roger Fernández, se declara “muy escéptico de la regularización”. “Si hay que meter el agua, hacer la calle, no va a pagar el Ayuntamiento. Pero que lo paguen los propietarios es que lo veo imposible. Porque el propietario dice 'si a mí no me van a tirar ya la casa”, apunta.

“Pero es que no se trata solo de lo que tú quieras, sino de los problemas ambientales. Hay una parte de educación, creo que la gente no es consciente”, apostilla Compagni. “No puede ser la dinámica de eso es lo que hay”.