Los cortes de energía eléctrica diarios en el distrito Norte de la capital granadina, que el verano pasado afectaron a cerca de 5.000 familias, han sido el foco de las quejas presentadas en 2023 ante el Defensor de la Ciudadanía, quien ha instado a tomar medidas más firmes para asegurar este derecho constitucional.

El defensor del ciudadano de Granada, Manuel Martín, ha presentado en un pleno extraordinario el informe de quejas y reclamaciones del año pasado, resaltando los frecuentes cortes de suministro en el distrito Norte, que también se han extendido a otras áreas de la capital y la provincia.

Martín ha lamentado que los apagones en el distrito, constantes desde hace unas dos décadas, sigan siendo "de manera abrumadora" las quejas más repetidas, un 17 % de los asuntos totales que ha atendido su gabinete.

Según el defensor del ciudadano, "el drama" de estos vecinos se mantiene pese a que pagan sus facturas y atenta contra sus derechos elementales, especialmente en los vecinos que necesitan un soporte vital que depende de la electricidad para garantizar su salud.

Ha lamentado además que la mesa técnica constituida para abordar este problema no cuente con datos oficiales de Endesa o de la Junta y que maneje informes elaborados por vecinos y asociaciones.

Este tipo de estadísticas, confeccionadas con el número de llamadas por apagones, denuncias o quejas, apunta que solo en verano sufrieron cortes de luz en el distrito Norte cerca de 5.000 familias, apagones que se extendieron de media más de siete horas al día y que tardaron en solucionarse de media 17 horas.

Con este contexto, Martín ha reclamado a la compañía eléctrica que ofrezca en la mesa técnica datos de trazabilidad de las incidencias mensuales para conocer en profundidad el impacto en la vida diaria de estos vecinos y el coste en salud, daños en electrodomésticos o comida y pérdidas en negocios.

Por su parte, la alcaldesa de Granada , Marifrán Carazo (PP) se ha comprometido a buscar nuevas soluciones y a liderar una respuesta coordinada a través de un Pacto de Estado que implique a todas las administraciones, con los colectivos y asociaciones del barrio.

"Es necesario fortalecer la presencia de la Policía Nacional, para ello es imprescindible el apoyo de Gobierno de España, que actúe en la zona reforzando efectivos para garantizar la seguridad y actuar contra el cultivo de marihuana y la defraudación del suministro eléctrico", ha añadido Carazo.

Según la alcaldesa, la seguridad es una cuestión fundamental para atajar y controlar los cortes de suministro y para que los refuerzos en la red, con la instalación de nuevos transformadores, se haga con garantías.

El defensor del ciudadano ha registrado 10.834 solicitudes en 2023, un 10 % menos que el año anterior, centradas además en el acceso de los ciudadanos a la administración, la vivienda y el empleo.