Siempre en el centro del huracán y rara vez a gusto de todos, el sistema para la venta de entradas de la Alhambra ha servido históricamente como piedra arrojadiza entre empresarios y gestores cuando no como principal foco de debate político en torno al monumento. El año pasado, nada más llegar Rocío Díaz a su despacho alhambreño los primeros papeles que se encontró sobre la mesa fueron los del demoledor informe de la Agencia en Defensa de la Competencia de Andalucía (ACDA), a petición de un particular, en el que se desmontaba por completo el sistema de entradas puesto en marcha en 2016 y se apremiaba a la nueva dirección a solventar todos los problemas que había acarreado la forma de gestionar la comercialización de los tickets.

Este miércoles, diez meses después de que se advirtiera de todos los defectos del sistema y ya con la dirección del PP asentada en el monumento, se reunirá el pleno extraordinario del Patronato de la Alhambra y el Generalife para aprobar un nuevo modelo de ticketing que tiene una serie de normativas que atender al mismo tiempo que se enfrentará al examen minucioso del sector privado.

La directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz, señala que el principal objetivo de este nuevo sistema es "adaptar la normativa" a los requerimientos que hizo la Agencia en Defensa de la Competencia. El informe y todos los puntos que señalaban serán el punto de referencia para un nuevo modelo que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía ha ido trabajado con el propio monumento y los otros agentes implicados.

Precisamente, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, visitó hace unos días la Alhambra junto a los consejeros de la Presidencia, Elías Bendodo, y Fomento, Marifrán Carazo, para anuncia la puesta en marcha inminente del nuevo sistema con el que se quiere poner coto a situaciones como la conocida recientemente de que una empresa ofrecía entradas para ver los palacios nazaríes por un precio que superaba los 700 euros para las jornadas del 25 de diciembre y el 1 de enero, los únicos de todo el año en los que el monumento cierra.

Según la consejera, este reformulación del sistema pretende evitar ese tipo de "abusos", que consideró una "auténtica vergüenza", además de evitar fraudes y permitir a todo el mundo acceder a las entradas a la Alhambra "sin problemas".

De esta forma, Del Pozo aseguró que el objetivo de esta nueva 'plataforma' para comercializar los tickets va a ser el de "proteger al usuario y a mirar por el bien, el presente y el futuro" de un conjunto monumental que cada año cumple su cupo de visitas en torno a los 2,7 millones de personas y que podría competir como el más visitado del país si no tuviera el límite de aforo legal con el objeto de atender a las normas de conservación y protección de este recinto que forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Los requisitios nominativos

El sistema de autorización establecido por el Patronato para la comercialización de entradas a la Alhambra para grupos organizados así como los requisitos exigidos de entradas nominativas, que entraron en vigor en mayo del año pasado, no serían conformes con los principios y obligaciones consagrados en la Ley de Unidad de Mercado.

Las disfunciones

Respecto a los requisitos nominativos, señala que la actual forma de gestionar la comercialización anticipada de las entradas a los grupos presenta "graves disfunciones sobre la competencia efectiva en los mercados o sectores económicos". Además, ve un peligro que se acabe encareciendo la entrada de la Alhambra debido a la incidencia que tiene esta medida sobre las posibilidades de las personas de acceder a este monumento universal.

Taquillas presenciales

El informe sugiere que "se implante la posibilidad de que las personas usuarias y las empresas turísticas puedan comprar las entradas directamente –sin intermediarios–, dado que con ello permitíría reducir los costes económicos y favorecer las condiciones de competencia efectiva". Es decir, que se plantea la opción de reabrir las taquillas presenciales o virtuales.

Al margen de empresarios

La Agencia en Defensa de la Competencia de Andalucía apunta en su informe que el "origen del problema" del sistema está la participación de determinados grupos de interés económico sectorial en la elaboración de la normativa. El documento recomienda, por tanto, la exclusión de agentes privados a la hora de confeccionar el sistema, ya que se produce un conflicto de intereses por la intervención de representantes de intereses o agentes económicos que forman parte del mercado.