El Gobierno busca el consenso para las medidas ante la guerra de Irán

Bolaños ha completado este miércoles la ronda de llamadas a los grupos parlamentarios, excepto Vox que "ni responde ni se espera que responda"

El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, este miércoles.
El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, este miércoles. / Diego Radamés / EP
Agencias

11 de marzo 2026 - 16:33

El Gobierno trata de buscar el consenso político y social para sacar adelante las medidas para mitigar los efectos económicos de la guerra en Irán, que la Unión Europea (UE) ya reclama para aliviar la presión a hogares y empresas, y atajar el sobrecoste de las importaciones energéticas.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha completado este miércoles la ronda de llamadas a los grupos parlamentarios, excepto Vox que "ni responde ni se espera que responda", sobre las medidas de respuesta a la guerra en Irán.

Ese plan "integral" de respuesta a la crisis tendrá dos pilares, uno con respuestas coyunturales desde el punto de vista socioeconómico y otro de medidas estructurales, ha explicado este miércoles el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Su activación dependerá de la evolución del conflicto y de las aportaciones de sectores y partidos y las medidas se adoptarán en "sucesivos Consejos de Ministros" en función de la evolución de los precios de la energía.

Con ese objetivo de atender las consecuencias de la subida de los precios y apoyar al tejido productivo, el Gobierno monitoriza el precio del crudo y otras materias primas, ha apuntado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Además, España votará a favor de la propuesta de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para liberar reservas de petróleo, que será del doble a la realizada en la guerra de Ucrania, y que para España supondrá liberar 12 días y medio.

La actual dependencia energética de la Unión Europea ya ha tenido un sobrecoste de 3.000 millones de euros en las importaciones de combustibles fósiles, según ha detallado la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que ha puesto el foco en aliviar esa presión sobre hogares y empresas.

Para el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, el impacto del conflicto en Irán dependerá de su "duración, intensidad y extensión", si bien el banco central ya está revisando sus previsiones de crecimiento, cuando hace "apenas diez días" eran relativamente optimistas.

Los grupos piden rebajas fiscales y topes de precios

Una vez concluidos los contactos con los grupos políticos, el Gobierno espera recibir ahora sus aportaciones, como las del PP, que plantea mejorar el poder adquisitivo de las familias a través del IRPF lo que supondría devolver 3.200 millones de euros a 16 millones de contribuyentes.

Además, los populares incluirán medidas para las empresas electrointensivas y una bonificación al gasóleo agrícola y pesquero, así como la supresión del impuesto al valor de la producción de energía eléctrica, la bonificación permanente de un 80 % en los peajes de las electro intensivas.

Desde Podemos, las propuestas pasan por el tope los precios en energía y alimentos, que baje los alquileres por ley y limite las hipotecas a tipo variable, así como la creación de empresas públicas en sectores estratégicos.

El Gobierno se reúne este jueves con los agentes sociales

Con los agentes sociales, las reuniones comenzarán este jueves, según avanzaba el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha defendido rebajas de IVA y ha dado la cara por la industria de la distribución por el papel que juega "en momentos delicados" aunque la acusen de "forrarse" con el coste de los alimentos.

No obstante, por la parte sindical, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado su disconformidad con una bajada generalizada de impuestos para paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, puesto que una crisis obligaría a movilizar recursos públicos.

Mientras, CSIF ha reclamado un plan de contingencia en el ámbito público reforzando el personal en sanidad, servicios sociales, seguridad y empleo y creando un fondo extraordinario para las administraciones públicas de comunidades autónomas y ayuntamientos que permita financiar servicios públicos.

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