El Gobierno reactiva el proyecto de depuración del bajo Guadiaro tras cuatro años de bloqueo
El Ministerio somete a información pública la adenda de la depuradora y los colectores de San Martín del Tesorillo para desbloquear las expropiaciones y relanzar unas obras clave contra los vertidos
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha reactivado el proyecto de saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del bajo Guadiaro tras años de retrasos administrativos, problemas técnicos y la resolución del contrato con la anterior adjudicataria. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el viernes el anuncio de información pública del proyecto actualizado y su adenda, junto con la relación de bienes y derechos afectados, un trámite imprescindible para desbloquear definitivamente las expropiaciones pendientes.
La actuación incluye la construcción de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y la red de colectores que darán servicio a San Martín del Tesorillo, y el diseminado de Montenegral Alto y El Secadero (Casares), abarcando tres términos municipales —San Martín del Tesorillo, San Roque y Casares— y dos provincias, Cádiz y Málaga, para una población de casi 7.000 habitantes.
Durante un plazo de 20 días hábiles, los interesados podrán examinar el proyecto y presentar alegaciones, tanto en los ayuntamientos implicados como en la sede de la Dirección General del Agua y a través del portal del Ministerio.
Una obra estratégica contra los vertidos y la sanción europea
El proyecto fue declarado de interés general del Estado en la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 y figura en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2015 que condenó a España por incumplir la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, debido a la falta de depuración adecuada en numerosos municipios, entre ellos San Martín del Tesorillo, que junto a El Secadero vierten directamente a los cauces de la zona (ríos Guadiaro y Hozgarganta y arroyos Hondacavada y de las Castañuelas).
La futura depuradora contará con un sistema de aireación prolongada mediante dos reactores tipo carrusel, una tecnología que permite limpiar el agua residual de forma muy eficaz, haciendo circular el caudal en grandes canales circulares donde se inyecta oxígeno para que bacterias naturales eliminen la suciedad.
Un proyecto atrapado por las expropiaciones
Aunque el proyecto fue aprobado definitivamente en enero de 2021, con un presupuesto base de 7,08 millones de euros y un plazo de ejecución de 21 meses, las obras nunca llegaron a iniciarse. El contrato, adjudicado en marzo de 2022 a la UTE Ecisa–Acinser por 5,86 millones, quedó paralizado tras la firma negativa del acta de replanteo, al no disponer de todos los terrenos necesarios.
Tras más de dos años de bloqueo, la adjudicataria solicitó la resolución del contrato en julio de 2024, que fue aprobada en abril de 2025 por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, obligando al Ministerio a rediseñar la estrategia de ejecución para evitar que el expediente europeo derivara en sanciones económicas.
Ante la urgencia y la complejidad del procedimiento, el Ministerio optó por encargar las obras a la empresa pública Tragsa, lo que exigió actualizar el presupuesto mediante una adenda técnica, autorizada en mayo de 2025. Este documento revisa los precios, introduce ajustes técnicos y actualiza el anejo de expropiaciones, al haberse modificado la situación jurídica de varias parcelas. El presupuesto de la actuación asciende ahora a 13.139.757,34 euros.
El pasado 21 de febrero de 2026, la Dirección General del Agua autorizó formalmente la incoación del nuevo expediente de información pública, ahora publicado en el BOE, con el objetivo de culminar de una vez los trámites pendientes y permitir el arranque efectivo de las obras.
Un retraso de casi una década
El proyecto acumula más de nueve años de tramitación, desde la licitación inicial de la redacción en 2016. A lo largo del proceso, se han sucedido problemas técnicos, especialmente en la definición del suministro eléctrico, retrasos administrativos, modificaciones presupuestarias y bloqueos expropiatorios que han ido aplazando una actuación considerada prioritaria para la salud pública y la protección ambiental del valle del Guadiaro.
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