Los Comunes abordan la ratificación del Tratado de Gibraltar: base militar, tránsito libre con España e impuestos

Un informe elaborado por la Cámara de los Comunes del Reino Unido sobre el borrador del acuerdo entre Londres y la Unión Europea en relación con Gibraltar destaca que el futuro marco jurídico se centra principalmente en tres pilares: la garantía de la soberanía británica sobre la base militar del Peñón, la libre circulación de personas y mercancías con España y la introducción de ciertos mecanismos de equidad fiscal con la UE. El documento pone de relieve que el texto apenas aborda otros asuntos sensibles que llevan años generando fricciones en la zona, como la adaptación de la normativa ambiental europea por parte de la colonia, la igualación de las pensiones de los trabajadores españoles, la lucha contra el blanqueo de capitales o el contrabando de tabaco.

El informe sobre el borrador, previo a los debates que sobre el este abordará el Legislativo británico, analiza el texto del acuerdo publicado el pasado 26 de febrero tras más de cuatro años de negociaciones entre Londres y Bruselas para regular la relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit. Del documento se desprende que una de las prioridades es garantizar que las instalaciones militares británicas en Gibraltar permanezcan bajo control exclusivo del Reino Unido. El texto deja claro que las operaciones, infraestructuras y personal militar seguirán siendo competencia plena de Londres, al margen de los mecanismos de cooperación establecidos con la UE o España.

El 26 de febrero, en su declaración ante los Comunes –recuerda el informe– el ministro para Europa, Stephen Doughty, afirmó que Gibraltar no se unirá al espacio Schengen, ya que la inmigración, la policía y la justicia seguirán siendo responsabilidad de las autoridades gibraltareñas. También señaló que la soberanía británica sobre Gibraltar, incluidas las Aguas Territoriales Británicas de Gibraltar, “se mantiene plenamente y está explícitamente protegida”, mientras que las instalaciones y operaciones militares del Reino Unido en Gibraltar seguirán bajo control total del Reino Unido.

Sin barreras físicas

En los ámbitos económico y fronterizo, el informe subraya que el acuerdo pretende eliminar las barreras físicas entre Gibraltar y España mediante la aplicación de normas del espacio Schengen en determinados puntos de entrada y el establecimiento de una unión aduanera entre Gibraltar y la Unión Europea. El objetivo es permitir la libre circulación de personas y mercancías y evitar controles en la verja que separa el Peñón del Campo de Gibraltar.

El documento recuerda que esta medida responde a la fuerte interdependencia económica de ambos lados de la frontera. Más de 15.000 trabajadores transfronterizos cruzan diariamente desde España para trabajar en Gibraltar, lo que representa más de la mitad de la mano de obra del territorio británico. Mantener una frontera fluida es considerado un elemento clave para la estabilidad económica de la zona.

Otro de los elementos destacados por el informe es la introducción de mecanismos para acercar el sistema fiscal gibraltareño al marco europeo. Aunque Gibraltar no adoptará el IVA, el acuerdo prevé la alineación de ciertos impuestos indirectos y la creación de un sistema de tasas y gravámenes que reduzca las diferencias con la normativa de la UE, con el objetivo de garantizar una competencia más equilibrada en materia fiscal.

Medio ambiente fantasma

Sin embargo, el borrador del acuerdo apenas aborda otros asuntos que durante años han sido objeto de debate político y social. Entre ellos figura la adaptación de la normativa ambiental europea por parte de Gibraltar, una cuestión especialmente relevante en áreas como los vertidos de aguas sin depurar al mar, el bunkering o las emisiones atmosféricas.

Tampoco se detalla cómo se resolverán las diferencias en materia de pensiones entre trabajadores españoles y gibraltareños, dado que muchos antiguos empleados españoles que trabajaron en Gibraltar perciben prestaciones inferiores a las de los trabajadores llanitos, lo que ha generado reclamaciones recurrentes sobre igualdad de derechos.

Tampoco hay referencias a la lucha contra el blanqueo de capitales y a actividades como el contrabando de tabaco, dos cuestiones que históricamente han estado en el centro de las críticas de España hacia el modelo económico del Peñón.

Próximos pasos

Cuando hizo público el acuerdo, el Gobierno del Reino Unido incluyó una nota explicando que lo habíahecho para dar a todos los parlamentos la oportunidad de examinarlo al mismo tiempo mientras los equipos jurídicos completaban la revisión legal final y la traducción del texto, que siguen sin concluir.

La versión final del acuerdo será presentada ante el Parlamento (junto con un memorando explicativo) para su escrutinio antes de su ratificación, de conformidad con la Ley de Reforma Constitucional y Gobernanza (CRAG) de 2010, que concreta que debe debatirse durante 21 días de sesiones.

Si durante ese periodo de tiempo la Cámara de los Comunes aprueba una resolución que prohíba la ratificación del tratado, se activa otro periodo de 21 días de sesiones para la ratificación. Este proceso, que jamás ha ocurrido, puede repetirse indefinidamente. Una resolución contra la ratificación de la Cámara de los Lores no implicaría retraso.

El propio acuerdo prevé su aplicación provisional antes de la ratificación si el Reino Unido y la UE acuerdan proceder de esta manera, y siempre que existan planes y acuerdos de implementación para aspectos del acuerdo. Dado el calendario del CRAG, el acuerdo no puede ratificarse antes de la plena implementación del Sistema de Entradas y Salidas (SES) de la UE el 10 de abril de 2026. Londres y Bruselas pretenden implementar el acuerdo de forma provisional antes de esa fecha.

Por su parte, la Comisión Europea adoptó propuestas en febrero para la firma, la aplicación provisional y la celebración del tratado. El procedimiento de la UE para la celebración de acuerdos internacionales requiere la aprobación del Parlamento Europeo y una decisión del Consejo de la UE (primeros ministros de los 27 Estados miembros) antes de su ratificación formal. Todavía no se han producido.