Con el freno echado: las autoescuelas del Campo de Gibraltar claman por más examinadores

"DGT no da el servicio que pagan los alumnos". Ese ha sido el mensaje que podía leerse este lunes en los carteles colocados en los cristales de decenas de coches de autoescuela que se han movilizado desde Algeciras hasta La Línea de la Concepción para protestar por la drástica reducción de plazas para exámenes de conducir en el Campo de Gibraltar. La caravana partió a las 7:30 desde el polígono industrial de La Menacha con destino a la sede comarcal de la Dirección General de Tráfico (DGT), donde las autoescuelas han denunciado una situación que consideran insostenible.

El origen del conflicto está en la falta crónica de examinadores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz, un problema estructural que se agrava cada verano. La Asociación de Autoescuelas del Campo de Gibraltar ya lo denunció el pasado junio, pero desde entonces, aseguran, la situación no ha hecho más que empeorar.

A las vacaciones habituales del personal durante los meses estivales se han sumado varias jubilaciones y dos bajas de larga duración, lo que ha reducido aún más la ya escasa capacidad operativa de la DGT en la comarca.

Los datos que manejan las autoescuelas confirman el colapso: el número de plazas asignadas ha caído en torno a un 60% respecto a veranos anteriores.

La escasez de fechas está provocando largas listas de espera que golpean especialmente a los jóvenes, muchos de los cuales necesitan el carné de conducir para acceder a un empleo o realizar prácticas formativas. El único refuerzo enviado por la DGT, un examinador adicional, ha sido calificado por el sector como insuficiente para revertir la situación.

Lejos de mejorar, las previsiones apuntan a que esta crisis podría prolongarse al menos hasta mediados de septiembre. Las autoescuelas temen que el atasco actual se convierta en un problema crónico con graves consecuencias para su viabilidad económica.

Por eso, la manifestación de este lunes ha tenido como objetivo presionar a la administración para que tome medidas urgentes y ponga fin a un problema que, según denuncian, se repite cada año sin solución definitiva.