Una clínica privada denuncia que en la comarca existe un tráfico fraudulento de datos de accidentados en carretera. El objetivo de esta práctica ilegal es captar o derivar a los pacientes a un centro médico concreto para su rehabilitación, esquivando así el proceso normal que pasa por la libre elección o por la tramitación previa de la compañía aseguradora. Los denunciantes -que quisieron permanecer en el anonimato- afirman que este fraude parte de facultativos de la Sanidad Pública que se saltan la protección de datos y, o bien por dinero o bien porque tienen intereses en los centros privados, derivan a los pacientes a estas clínicas o les facilitan la información para que éstas los capten.

Los denunciantes señalan que los casos más flagrantes se han dado en Urgencias de los hospitales donde un médico, al firmar el informe del alta, añadía de su puño y letra la clínica a la que debía acudir el lesionado. Como prueba aportaron a Europa Sur varias copias de estos informes de alta de Urgencia. Estos hechos, afirman, fueron puestos en conocimiento de la Gestión del Área Sanitaria del Campo de Gibraltar hace cosa de un año. Desde el SAS, dicen, les contestaron que iban a distribuir una circular interna para erradicar esta práctica y que les informaran de cualquier caso que detectaran para tomar medidas.

La clínica denunciante apunta que desde entonces no les ha llegado ningún caso de una derivación directa por escrito desde Urgencias, pero que tienen constancia de que de forma más disimulada se sigue dando esta práctica. Lo saben, entre otras cosas, por el testimonio de algunos pacientes que llegan o han estado en otros centros. La derivación puede ser verbal por parte del facultativo o tras aportar la información del accidentado a una clínica. En este segundo caso, la captación se realiza vía telefónica. Los denunciantes aseguran que hay pacientes que han recibido una llamada al día siguiente de ser dado de alta de un supuesto "tramitador" que gestiona la visita al centro privado para que inicie la rehabilitación. Aseguran que también se hacen pasar por las aseguradoras y les llaman directamente de la clínica privada. Así, hay veces que cuando la compañía de seguros se entera del alta del cliente, éste ya está recibiendo tratamiento. Esto provoca, incluso, que se den casos de pacientes que están siendo rehabilitados en clínicas de fuera de su municipio pese a que en el suyo existen otras dentro del convenio, lo que supone un gasto añadido por el desplazamiento en ambulancia. Los denunciantes creen que en esta práctica fraudulenta también podrían participar empresas subcontratadas por el SAS que intervienen en los accidentes de tráfico.

Este diario se puso ayer en contacto con el SAS para conocer su opinión al respecto. Desde el Área Sanitaria se señaló que este tipo de prácticas "son totalmente irregulares y no están permitidas por la Dirección, quien, en caso de tener conocimiento de algo así procedería a abrir una información reservada". Es más, desde la Dirección del Área de Gestión Sanitaria se instó a quienes sean objeto de algún caso de este tipo "a denunciarlo para poder tomar las medidas oportunas y depurar responsabilidades, porque se considera algo inadmisible".

Buena parte de las clínicas están adheridas al convenio de asistencia sanitaria del sector privado de la Asociación Empresarial del Seguro Unespa. Desde la patronal de las aseguradoras señalaron ayer que Unespa negocia con la Federación de Clínicas pero que luego cada centro acuerda con las compañías sus condiciones concretas; por lo que puede haber disparidad de tarifas entre las conveniadas. Los denunciantes aseguran al respecto que, si bien hay tarifas unificadas, para el tratamiento de un latigazo cervical -una de las lesiones más comunes- los precios pueden variar bastante entre los centros, más si cabe si se contrata con una clínica fuera de convenio. Las mismas fuentes añaden que los perjudicados por esta práctica fraudulenta son los pacientes, ya que pueden recibir peor atención o ver cómo prolongan su rehabilitación sin necesidad; y las aseguradoras, que son las que pagan. Asimismo, indican que en caso de que sea una clínica fuera del convenio de Unespa al final el desembolso será de una compañía de seguros ya que los accidentes van directamente por vía judicial y el abogado reclamará la factura que le pasen. Así, cuantas más consultas de traumatología, más sesiones de fisioterapia y más tiempo de rehabilitación, más coste. El procedimiento normal es que el paciente vaya a su compañía de seguros y que ésta le informe de las opciones que tiene, le aconseje la de más confianza o le dé a elegir.

La clínica denunciante señala que este fraude se da con especial incidencia en la provincia de Cádiz. No en vano, el número de clínicas adheridas al convenio de Unespa en esta zona es muy superior al del resto de Andalucía, lo que denota la competencia. Así, según la relación de centros de Unespa, en Cádiz hay 60 clínicas privadas adheridas -nueve de ellas en la comarca-, frente a las 21 de Sevilla, las 17 de Málaga, las 6 de Huelva, las 5 de Almería y Córdoba, o las 4 de Granada.

Desde Unespa señalaron ayer que son las aseguradoras las que deben detectar este fraude y perseguirlo. Asimismo, fuentes consultadas por este diario de agentes de seguros y compañías aseguradoras indicaron que sí tienen constancia de esta práctica en la comarca. Al igual que la clínica denunciante apuntaron a profesionales de la Sanidad Pública como el punto de partida de este fraude aunque, reconocieron, es complicado de documentar. Coincidieron en que por la información de los accidentados se estaría pagando entre 50 y 150 euros por paciente. La clínica denunciante, además, señaló algunos centros privados que estarían incurriendo en esta práctica; si bien este diario ha optado por no citarlos.