El 28 de febrero es el día de Andalucía, la gran fiesta en que el pueblo andaluz conmemora la conquista de su autonomía. Conviene siempre en esta fecha recordar algo que aparece recogido en el Preámbulo de nuestro Estatuto: “Andalucía ha sido la única Comunidad que ha tenido una legitimidad específica…mediante referéndum, lo que le otorga una identidad propia”. Esa legitimidad de origen de nuestro autogobierno y de sus instituciones fue posible porque la sociedad andaluza de entonces, con una movilización de millones de personas, que arrancó el 4 de diciembre de 1977 y culminó en el referéndum de 1980, veía en la autonomía plena una palanca imprescindible para salir del atraso, del subdesarrollo y de la marginación bajo las que se encontraba en aquellos años.
El autogobierno es lo que iba a permitir acabar con el analfabetismo y gozar de un sistema educativo moderno e inclusivo, modernizar y capitalizar nuestra agricultura, dotarnos de infraestructuras que hicieran posible la comunicación y vertebración territorial de nuestra tierra, tener un sistema sanitario público eficaz, afianzar y promover nuestra identidad cultural y, en suma, mejorar la vida de la gente en el marco de la España constitucional. Ese es el auténtico espíritu del 28 de febrero.
Todos esos logros del pueblo andaluz y sus instituciones significaron la conquista de derechos y libertades mediante las políticas públicas. Fueron esas políticas públicas las que hicieron posible que casi un millón de personas privadas del ejercicio de su derecho a la educación lo pudieran ejercer. Fueron las políticas públicas –la reforma agraria y la PAC– las que hicieron posible la agricultura más moderna y eficiente de Europa. Fue la política pública de sanidad la que permitió que la ciudadanía ejerciera su derecho a la salud y se sintiera orgullosa de su sistema sanitario. Fue la política de obras públicas la que alcanzó el objetivo de integrar territorialmente Andalucía, acercando la prestación de los servicios públicos esenciales –salud y educación– al conjunto de la población. Nadie duda de que Andalucía, dejada en manos de la mera iniciativa privada y del mecanismo simple del mercado, no habría llegado al nivel de bienestar económico y social que tenemos hoy. Hubo colaboración del sector privado en algunas de esas políticas, pero siempre en el marco de las estrategias públicas establecidas.
El panorama hoy es bien distinto. Los sucesivos gobiernos conservadores de Andalucía vienen adoptando políticas que vacían de contenido el sentido comunitario de las políticas públicas: las estrategias privatizadoras de la demanda en sanidad y educación son buena prueba de ello, como lo es la desregulación en materia de urbanismo y ordenación del territorio. Esa lógica privatizadora es la que produce, como resultado prácticamente inevitable, la pérdida de oportunidades para la igualdad en amplios sectores de la sociedad andaluza, que contempla cómo se deterioran los servicios públicos que sustentaban el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales. Cada paso que se ha dado en esa dirección tiene consecuencias: el deterioro de la sanidad pública, por ejemplo, se traduce en que hoy resulta mucho más difícil y socialmente injusto el ejercicio de nuestro derecho a la salud que hace diez o quince años. Y así en la educación, en la dependencia o en la vivienda.
El caso de la vivienda es paradigmático: el modelo que hasta hoy practica el gobierno conservador de Andalucía parte del falso argumento de que la escasez de oferta se puede solucionar siendo la iniciativa privada quien promueva la construcción de viviendas a precio de mercado, haciendo dejación de las competencias que la Comunidad tiene. El precio no ha dejado de subir en los últimos años, por lo que cada vez es más inaccesible el derecho constitucional a la vivienda para amplios sectores sociales.
Por todo ello resulta necesario poner en el centro del debate social el modelo de políticas públicas que deberemos decidir en las elecciones autonómicas de este año. El 28 de febrero de 1980 lo que legitimó nuestra ambición de autogobierno fue el impulso ciudadano a esas políticas públicas que nos permitieron ejercer derechos y libertades. Ahora, de nuevo, lo que legitimará nuestro futuro será la movilización social y el respaldo a un proyecto de bienestar y certidumbre que asegure esos derechos y libertades de acuerdo con el interés común y no con el de unos pocos privilegiados. Ese será el nuevo espíritu del 28 de febrero de 2026.
