Un nuevo lío en la macrocausa de los cursos de formación, que fue archivada en 2016 y reabierta por la Audiencia de Sevilla tres años después. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que estima el recurso presentado por varias de las defensas y considera que la investigación está caducada desde hace más de cuatro años, en concreto, desde el 17 de enero de 2020.

El tribunal ha dictado un auto en el que estima el recurso presentado por las defensas de varios jefes de servicio del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos los letrados Javier Fernández y Pablo Ollero, contra la decisión del instructor de prorrogar la investigación en una resolución dictada el 23 de enero de 2023. Ahora, los jueces, al analizar de nuevo la causa, concluyen que la instrucción está caducada desde el 17 de enero de 2020, lo que conlleva la nulidad de todas las prórrogas que se han ido acordando cada seis meses.

Para las defensas, las consecuencias de esta decisión del tribunal conllevaría el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra estos investigados, si bien por ahora el juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana no se ha pronunciado sobre el archivo.

En el auto dictado por la Audiencia, que tiene fecha del pasado 19 de enero, los magistrados concluyen que, tras haber comprobado los antecedentes que obran en el procedimiento, "sí se registró una crisis procesal en los plazos de instrucción vigentes en la ley 41/2015, que entre otros dio nueva redacción al artículo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal", y en este sentido concluye que cuando entró en vigor una nueva reforma del artículo 324 de la Lecrim -la ley 2/2020- "el plazo de instrucción había caducado en las diligencias previas 966/2014 [la causa matriz de los cursos de formación], impidiendo la posibilidad de acordar nuevas diligencias desde el 17 de enero de 2020, debiendo el juez de instrucción acordar la resolución que corresponda con el material probatorio que constase acordado en esa fecha -sin perjuicio de su recepción posterior- de conformidad con lo dispuesto en el artículo 779 primero de la Lecrim".

Tras este auto, el abogado Javier Fernández ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que considera que, a la vista de la decisión de la Audiencia, el instructor debería acordar "de inmediato y sin más dilación el sobreseimiento provisional y archivo de la presente causa contra respecto a todos los investigados" o al menos respecto a sus clientes.

Tras este auto, el juez José Ignacio Vilaplana ha resuelto un recurso de las defensas, en un auto dictado el 14 de febrero, en el que ya señala que la instrucción de esta causa "había culminado el 17 de enero de 2020, sin que con anterioridad se hubiese dictado resolución prorrogando o ampliando el plazo de investigación".

En esta causa se investigan las presuntas irregularidades relacionadas con el sistema y gestión general de las subvenciones públicas destinadas a Formación Profesional y para el Empleo, llevadas a cabo por los responsables del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), tanto a nivel de órganos centrales como periféricos, al haberse registrado una "presunta ausencia de control de las subvenciones y fondos comprometidos que se podrían haber destinado, directa o indirectamente, a favorecer a determinadas personas y entidades con el consiguiente menoscabo para los fondos públicos".