Una familia con tres hijos frena temporalmente su desahucio en Algeciras por un error en la orden
La Policía Nacional acudió a ejecutar el lanzamiento en la calle Emilio Castelar, pero un error en la identificación del inquilino obligó a suspenderlo y dio a la familia diez días de margen
Un alquiler de corta estancia a precio razonable: una misión imposible en Algeciras
Un error administrativo ha dado un inesperado respiro a una familia con tres hijos en Algeciras. El intento de desahucio previsto para la mañana de este martes, 10 de marzo, en un bloque de viviendas de la calle Emilio Castelar, ha quedado paralizado cuando los agentes comprobaron que la orden judicial contenía un fallo en el nombre del inquilino.
Los hechos se produjeron poco antes de las diez de la mañana en el número 33 de esta céntrica calle, junto a un conocido bar de la zona. Hasta el lugar se desplazaron seis agentes de la Policía Nacional para ejecutar el lanzamiento, aunque finalmente tuvieron que abandonar el edificio al detectarse la irregularidad en el documento.
Ante esta situación, se concedió a la familia un plazo de diez días para abandonar la vivienda o tratar de encontrar una alternativa que evite el desalojo.
En el piso reside un matrimonio con tres hijos a su cargo: dos niñas pequeñas, en edad escolar, y un adolescente. Según ha podido saber este medio, la situación económica del hogar se deterioró el pasado verano, cuando el padre, que trabajaba como camionero, perdió su empleo. Desde entonces comenzaron las dificultades para hacer frente al pago del alquiler.
Las tensiones entre la familia y la propietaria de la vivienda se intensificaron cuando empezaron a acumularse las deudas. Según relatan los afectados, la dueña del inmueble llegó incluso a cortar el suministro de agua de la vivienda.
Esta práctica, sin embargo, está considerada ilegal. La legislación vigente en materia de vivienda establece que cortar suministros básicos como el agua, la luz o el gas para forzar la salida de los ocupantes puede interpretarse como un delito de coacciones, al entenderse como una forma de presión para obligarlos a abandonar el inmueble.
Mientras tanto, la familia dispone ahora de diez días de margen para intentar resolver su situación. Un pequeño paréntesis en medio de un conflicto habitacional que, si no se encuentra una solución, podría reanudarse en cuestión de días.
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