La entrada a la prisión resulta bastante luminosa. Un amplio hall sirve como prólogo del primer control policial. A partir de entonces, el recorrido lo componen un buen número de pasos, que concluirán en un gran patio y los primeros módulos de internos. Estas son ya las entrañas de Botafuegos, el centro penitenciario de Algeciras, la cárcel del Sur del Sur; donde permanecen actualmente más de 1.500 reclusos. Entre ellos, 14 miembros de ETA.

Su situación, la de estos últimos, se redefinió a finales del presente año. El pasado 20 de octubre, una nueva variable irrumpió en la ecuación que determinaba la política antiterrorista del Gobierno español. La banda anunció el "cese definitivo de la actividad armada". El comunicado apareció a las 19:00 horas en la página web de Gara y, en el mismo, ya constaba la primera referencia a los presos. La noticia se asumió entonces con tranquilidad dentro del 'frente de makos', el colectivo de etarras recluidos en las cárceles gaditanas.

Eso sí, en las semanas posteriores, su situación cambió dentro de los penales de la provincia. Según explicaron fuentes penitenciarias, los miembros de la banda terrorista internos en Botafuegos "llevan tiempo en módulos normales"; a raíz de las instrucciones de Interior de mediados de 2010, cuando se instó a ir poniendo fin progresivamente al aislamiento de los etarras en módulos separados. Ahora, después del comunicado de ETA, algunos componentes del makos también accedieron ya a los denominados módulos de respeto de la instalación algecireña. La entrada en este tipo de áreas es voluntaria y conlleva el formar parte de un grupo de reclusos, dedicado cada uno a una serie de actividades comunes.

Además, en el futuro más inmediato, deberán trazarse las nuevas políticas a seguir con los presos de la banda terrorista. Los etarras aguardan conocer la posible política de acercamientos que adopte el nuevo Ejecutivo. Aunque, "actualmente no se encuentran previstos movimientos" en la cárcel algecireña. Así, le corresponde al Gobierno de Mariano Rajoy rediseñar el plan a encauzar y si, dentro de éste, se encuadrarán traslados a penales más cercanos al País Vasco.

Básicamente, más de un millar de kilómetros separan Botafuegos de Euskadi. Un factor clave a la hora de comprender qué etarras y por qué pasaron por la cárcel algecireña. En estos momentos, 14 integrantes (12 hombres y 2 mujeres) de la organización ocupan sus celdas, con unas penas acumuladas que suman miles de años. A un decimoquinto, Íñigo Albisu, juzgado este mismo mes en la Audiencia Nacional por su supuesta pertenencia a un comando de reserva; lo trasladaron en octubre a Valdemoro. Aún no ha vuelto.

grandes condenas

Las historias que esconden las entrañas de Botafuegos resultan, desde luego, escalofriantes. Demuestran el largo y atroz balance de 43 años de sin sentido. Los manos de estos 14 terroristas chorrean sangre.

ETA quiso sembrar el pánico la Nochebuena de 2003. Gorka Loran Lafourcoade, interno en la cárcel de Algeciras, intentó volar un tren en la estación de Chamartín (Madrid). Una masacre que resultó fallida. Así lo aseveró una condena de 2005 de la Audiencia Nacional (AN), ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo (TS). El etarra, junto a otro compañero, colocó una bomba en el Intercity que enlazaba Madrid e Irún. A las 15:55 horas de aquel miércoles deberían haber hecho explosión los cerca de 25 kilos de titadyne reforzado que contenía. Pero una rápida operación antiterrorista permitió desbaratar sus planes. La Policía Nacional localizó a su cómplice antes de que pusiera otro artefacto y lograron sonsacarle las intenciones de Loran. Un equipo de los Tedax se trasladó en helicóptero hasta Burgos, donde paraba el tren. Allí desactivaron la bomba.

La Justicia lo condenó a 2.775 años de prisión, al considerarlo uno de los autores de 184 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa (por los 180 pasajeros del tren Intercity Madrid-Irún y los cuatro empleados de Renfe), además de un delito de pertenencia a banda armada, otro continuado de daños con finalidad terrorista y otro de tenencia ilícita de armas.

Por su parte, una histórica de ETA, Inmaculada Noble Goikoetxea, también en Botafuegos; cuenta con un macabro historial a sus espaldas. Las fuerzas de seguridad la detuvieron en 1987 y acumula sentencias por 325 años de cárcel -entre otros asuntos, por el asesinato de ocho personas-. Perteneció al sanguinario Comando Madrid y, de hecho, mantuvo una relación sentimental con uno de sus jefes, Iñaki de Juana Chaos. La aplicación de la doctrina Parot conlleva que aún permanezca recluida, hasta 2017.

Juan Miguel Gaztelu es otro de los etarras que se halla en la cárcel algecireña. Su pasado estremece a cualquiera: secuestros y asesinatos, entre otros delitos. Entre las sentencias que nutren su expediente se encuentran 32 y 14 años de condena por los secuestros en los 90 del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y del industrial Julio Iglesias Zamora, respectivamente; otros 33 años por el asesinato de un guardia civil en 1983; otros 24 años por el asesinato frustrado de otro miembro de la Benemérita en 1986; otros 145 años por un atentado perpetrado en 1987, cuando una bomba activada a distancia acabó con la vida de dos guardias civiles e hirió a otros doce agentes; y otros 36 años por pertenencia a banda armada, depósito de armas, tenencia de explosivos y por construir los zulos donde permanecieron Ortega Lara e Iglesias Zamora.

contra el rey y fraga

Los representantes públicos siempre estuvieron en la diana de los terroristas. Uno de ellos, Gorka García Sertutxa, trató de acabar con la vida del propio jefe del Estado en 1995. La Justicia lo condenó a 109 años de prisión por ese intento de magnicidio. Una pena que cumplía en Huelva y que, actualmente, consume en Botafuegos. Y es que, en 2009, ETA elaboró un plan para sacarlo de la cárcel onubense. Una actuación que resultó fallida.

Por su parte, otros dos reclusos del centro penitenciario campogibraltareño, Carlos Cristóbal Martínez y Arantxa Garbayo, colocaron a un político entre sus objetivos. Ambos formaban parte del Comando Galicia, que planeó asesinar en 1996 al entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga. La Audiencia Nacional les impuso una pena de 45 años a cada uno. Para este y otros atentados, los etarras contaban con 254 kilos de amonal, 12 granadas, 16 temporizadores, 5 detonadores y 12 imanes lapa. Fue lo que encontraron las fuerzas de seguridad cuando los detuvieron en verano de ese ejercicio. Garbayo acumula otra sentencia de ocho años por colaboración con ETA en el atentado que le costó la vida a un sargento de la Ertzaintza en 1993.

A su vez, Germán Urizar también pasa los días en Botafuegos. Lo detuvieron el 6 de junio de 1991, cuando intentaba asesinar a un efectivo de la Policía de Baracaldo. La AN dictó una condena de 72 años de prisión, que después rebajo el Supremo en 12 años.

asesinato de un etarra

El historial de Juan Manuel Píriz López, alias Mungi, tampoco resulta escaso. La Audiencia Nacional consideró probado que él -junto a otro compañero- asesinó en 1984 a un exintegrante de la banda terrorista, Miguel Francisco Solaun. Esta acción se cometió porque el exmiembro de la organización no ejecutó un atentado. Solaun rehusó hacer explotar un artefacto en la inauguración de unas viviendas de la Guardia Civil, donde se preveía asistiesen muchas personas. La Justicia impuso a Píriz una pena de 39 años por pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y asesinato premeditado.

Este etarra también acumula otra condena de 22 años por haber disparado contra el policía nacional que le arrestó en febrero de 1984 en Baracaldo. La salida de Mungi de Botafuegos estaba prevista para el 8 de marzo de 2009; pero la aplicación de la doctrina Parot prolongará su estancia hasta febrero de 2014.

Junto a Píriz López, en la cárcel algecireña se encuentra Aurken Sola Campillo. En 2005 le condenaron por colaborar con el comando Urbasa. Posteriormente, en 2008 le detuvieron por pertenecer al comando Hego Haizea y, por ello, la AN dictó este año contra él una pena de 26 años de prisión -diez por integrar banda armada, ocho por depósito de armas y otros ocho por tenencia de explosivos-. Había elaborado una lista de ediles, policías y escoltas contra los que pretendían atentar.

brazo político

Unai Fano cumple en Botafuegos parte de sus 20 años de condena, después de que el TS ratificara el dictamen que le imponía dicha pena por pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas. A éste lo detuvieron en 2008 un grupo de agentes de la Policía gala, cuando permanecía escondido -junto a una compañera- en un bosque cercano a Prelion (Francia). Las fuerzas antiterroristas lo encuadraban dentro de Ekin, ente que servía como enlace entre ETA y el resto del entramado radical. Además, ejerció como asesor de la comisión que eligió Batasuna durante la última negociación con el Gobierno.

A su vez, la kale borroka también cuenta con su exponente en la cárcel algecireña: Andoni Beroiz Zubizarreta. La AN lo condenó a 5 años por desórdenes públicos y daños continuados. Éste cuenta con otra sentencia desfavorable de 2004, cuando la Audiencia dictó una pena de 17 años por atacar una subcomisaría con cócteles molotov; aunque el TS lo absolvió posteriormente.

históricos de la banda

Los otros tres internos de ETA, recluidos en Botafuegos, son Ibai Aginaga, Mikel Arrieta Llopis y Miguel Ángel Benaito Villagarcía. El primero de ellos ingresó en prisión en julio de 2003, tras permanecer huido desde 2001. La Audiencia lo condenó en 2005 a 21 años por pertenencia a banda armada, falsificación de documentos oficiales y depósito de armas y explosivos.

El segundo, Mikel Arrieta, cumple 128 años de cárcel por el asesinato de dos policías y un civil en un atentado de ETA cometido en Sestao (Vizcaya) en marzo de 1982. También recae sobre él otra sentencia de ocho años, por encubrir y ayudar a trasladar a uno de los autores del asesinato del jefe de la Policía Local de Baracaldo en 1982 en un bar, mientras jugaba a las cartas.

Por último, el 14 de ETA en Botafuegos, Miguel Ángel Benaito, integrante del comando Ipar Haizea, cumple condena por participar en el ataque efectuado contra el cuartel de la Policía Nacional de Aldapeta, en San Sebastián, el pasado 22 de septiembre de 1990.