Fapacsa volvió ayer a afirmar en un comunicado que las viviendas de Algeciras están exentas del decreto, pese a que el equipo de gobierno del PP ya había reconocido que el municipio entra dentro del tramo que obliga a subir el tipo de gravamen un 4% para 2012 y 2013. La federación alegó que los trámites del catastrazo se iniciaron antes de 2008 y que, por tanto, habría que incluir al municipio en el tramo 2005-2007 que libra de las medidas, un caso en el que sólo entra Jimena dentro de la comarca. Fapacsa llegó a esta conclusión tras reunir a sus coordinadores de equipo y estudiar "detenidamente" la normativa aprobada por Rajoy. La misma que deja claro en su preámbulo que se tendrá como referencia el año de entrada en vigor de la nueva ponencia de valores, que en el caso de Algeciras es 2009, y que establece que todos los municipios que aprobaron sus ponencias a partir de 2008 -la de Algeciras salió publicada en el BOP en 2008- tendrán que subir el tipo un 4%.

"Las viviendas de Algeciras están exentas de esta subida al haberse llevado a cabo su revisión en este período (2005-2007)", defendió ayer Fapacsa, que argumentó para ello que existían unos "compromisos previos del Ayuntamiento de Algeciras, el día 12 de junio de 2006, que propone el alcalde Herrera a la Gerencia". La federación también recordó que el 28 de septiembre de 2007 se celebró una asamblea sobre el catastrazo y que el 20 de diciembre de 2007 se mandó un escrito al Catastro de Cádiz. En su defensa, el colectivo también aseguró que "durante todo el año 2007 la Federación Fapacsa estuvo intentando parar el catastrazo", pese a que la primera noticia que se tiene del mismo en la ciudad es la publicada por Europa Sur el 30 de agosto de 2007 en el que se advertía de la nueva revisión catastral.

Fapacsa, tras recordar toda la lucha contra el catastrazo, indicó en su comunicado que corresponde al Ayuntamiento regular el tipo impositivo municipal. "Cualquier imposición exterior, (en este caso si se exigiera a Algeciras la aplicación del Real Decreto de Diciembre de 2011) podría vulnerar la autonomía municipal tal como se recoge en el artículo 140 de la Constitución", defendió.